Tesis sobre los ataques a los mapuches
Reclamo por Santiago Maldonado. | LA NACIÓN
▪ Esta vez, los Macri y Clarín chocan contra la firme herencia de la verdad y sus formas jurídicas más consolidadas. Discurso mediático tradicional y red-mediado.
Los incesantes ataques de los grupos Macri
y Clarín a las familias de la región mapuche conducen a una inevitable
organización de todas las comunidades indígenas de la República Argentina. Brota
y rebrota la demanda de una nueva articulación del “todos juntos” por el
ideario de un país más democrático y re-democratizante.
Pero esta vez, la organización (y
re-organización) indígena será con la herencia firme del derecho constitucional
ganado, derecho positivo, objetivo, escrito, narrado, sellado y guiado en el
transcurso de la historia nacional.
La historia argentina de los últimos 30
años fue democratizándose (y democratizante) por y con las comunidades de
pueblos originarios que actualmente tienen el derecho construido (firme
herencia) de ser parte del proceso de producción económica, política y cultural
de la Argentina.
La embestida de los Macri, el Grupo Clarín
y sus aliados contra los derechos consagrados se intensifica en forma diaria en
la Argentina de 2017, dos años después de que la Patria haya celebrado el
Bicentenario de la Independencia.
Todos los días, los ataques contra mapuches
se producen por la televisión y la radio, principalmente, con un proceso
constante de negación discursiva de la identidad, de los derechos y de la
territorialidad del pueblo mapuche (pueblo argentino) en el sur de país. Aunque
lo nieguen, inevitablemente, cometen el ataque. Esta vez, la negación es contra
derechos constitucionales, contra la ley escrita, ley oficial y formal, contra
la ley del Estado. Esta vez, los ataques van contra la verdad y sus formas
jurídicas más consolidadas por la pirámide: la Constitución nacional.
El objetivo es subvertir el orden más
objetivo de la pirámide jurídica y de la verdad jurídica. Los Macri y Clarín
pretenden subvertir lo pre-constituido, lo pre-establecido, no solo en la
historia ancestral y política, sino en la historia del Estado y su
organización.
El discurso mediático tradicional (y
red-mediado, red social-mediado) que ataca a mapuches se apoya en (y opera con)
los aparatos del Estado con las fuerzas de seguridad, en demostraciones
armadas, en rutas y campos de la región mapuche (partes de la Patagónica y
Pampeana), imputaciones y detenciones judiciales, criminalización, todo ello
mediado (y re-forzado) por y con la desaparición del joven Santiago Maldonado.
La imagen Maldonado –que estaba con y para
los mapuches– representa la exhibición de la víctima como trofeo de impunidad.
Las muestras de ataques son operadas con
conductores de radio y televisión, figuras del espectáculo, empresarios
famosos, jueces, fiscales, abogados, funcionarios y la representación del
presidente de la Nación, Mauricio Macri, como un gobernante-empresario-rico
discriminador, incriminador y negador del derecho positivo. Negándolas, Macri
provoca el brote (y rebrote) de las comunidades indígenas, aunque parezca
impensado 207 años después de la libertaria Revolución de Mayo y 132 años
después de la genocida Conquista del Desierto.
En 2017, de sur a norte, participan (y
protagonizan) en el suelo argentino las comunidades mapuches, tehuelches, tobas
qom, wichís, matacos, pilagá, guaraníes y quechuas.
Quedó establecido, en y desde 1994, el
artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional: “Reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer
la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
La necesaria organización de todas las
comunidades indígenas tiene en la Argentina de hoy la demanda de resistir
ataques del gobierno de turno. Pero esa resistencia puede pasar al campo de una
nueva conquista como parte necesaria del fortalecimiento democrático, en una
sellada y organizada articulación de demandas.
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