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El Pelafustán

31.8.17

Tesis sobre los ataques a los mapuches






















Reclamo por Santiago Maldonado. | LA NACIÓN

Esta vez, los Macri y Clarín chocan contra la firme herencia de la verdad y sus formas jurídicas más consolidadas. Discurso mediático tradicional y red-mediado.   


Los incesantes ataques de los grupos Macri y Clarín a las familias de la región mapuche conducen a una inevitable organización de todas las comunidades indígenas de la República Argentina. Brota y rebrota la demanda de una nueva articulación del “todos juntos” por el ideario de un país más democrático y re-democratizante.
Pero esta vez, la organización (y re-organización) indígena será con la herencia firme del derecho constitucional ganado, derecho positivo, objetivo, escrito, narrado, sellado y guiado en el transcurso de la historia nacional.
La historia argentina de los últimos 30 años fue democratizándose (y democratizante) por y con las comunidades de pueblos originarios que actualmente tienen el derecho construido (firme herencia) de ser parte del proceso de producción económica, política y cultural de la Argentina.
La embestida de los Macri, el Grupo Clarín y sus aliados contra los derechos consagrados se intensifica en forma diaria en la Argentina de 2017, dos años después de que la Patria haya celebrado el Bicentenario de la Independencia.
Todos los días, los ataques contra mapuches se producen por la televisión y la radio, principalmente, con un proceso constante de negación discursiva de la identidad, de los derechos y de la territorialidad del pueblo mapuche (pueblo argentino) en el sur de país. Aunque lo nieguen, inevitablemente, cometen el ataque. Esta vez, la negación es contra derechos constitucionales, contra la ley escrita, ley oficial y formal, contra la ley del Estado. Esta vez, los ataques van contra la verdad y sus formas jurídicas más consolidadas por la pirámide: la Constitución nacional.
El objetivo es subvertir el orden más objetivo de la pirámide jurídica y de la verdad jurídica. Los Macri y Clarín pretenden subvertir lo pre-constituido, lo pre-establecido, no solo en la historia ancestral y política, sino en la historia del Estado y su organización.
El discurso mediático tradicional (y red-mediado, red social-mediado) que ataca a mapuches se apoya en (y opera con) los aparatos del Estado con las fuerzas de seguridad, en demostraciones armadas, en rutas y campos de la región mapuche (partes de la Patagónica y Pampeana), imputaciones y detenciones judiciales, criminalización, todo ello mediado (y re-forzado) por y con la desaparición del joven Santiago Maldonado.
La imagen Maldonado –que estaba con y para los mapuches– representa la exhibición de la víctima como trofeo de impunidad.
Las muestras de ataques son operadas con conductores de radio y televisión, figuras del espectáculo, empresarios famosos, jueces, fiscales, abogados, funcionarios y la representación del presidente de la Nación, Mauricio Macri, como un gobernante-empresario-rico discriminador, incriminador y negador del derecho positivo. Negándolas, Macri provoca el brote (y rebrote) de las comunidades indígenas, aunque parezca impensado 207 años después de la libertaria Revolución de Mayo y 132 años después de la genocida Conquista del Desierto.
En 2017, de sur a norte, participan (y protagonizan) en el suelo argentino las comunidades mapuches, tehuelches, tobas qom, wichís, matacos, pilagá, guaraníes y quechuas.
Quedó establecido, en y desde 1994, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
La necesaria organización de todas las comunidades indígenas tiene en la Argentina de hoy la demanda de resistir ataques del gobierno de turno. Pero esa resistencia puede pasar al campo de una nueva conquista como parte necesaria del fortalecimiento democrático, en una sellada y organizada articulación de demandas.

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