La criminalización de los mapuches
Marcha por Santiago Maldonado | ESPACIO DE MEMORIA
▪ La agitación del fantasma del terrorismo y el secesionismo mapuche en un claro momento electoral, la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la vergonzosa cobertura de la prensa corporativa.
En los últimos días
una serie de hechos puso en las portadas de los medios y en las bocas de varios
funcionarios de gobierno el llamado “conflicto mapuche” en la Patagonia. Un
conflicto que algunos de ellos prefirieron titular como “guerrillas mapuches” o
“terrorismo mapuche”. El provecho político reside en la escalada y, entonces, a
medida que pasan las horas, el titular es cada vez más el “terrorismo”, sin
ninguna otra consideración.
La cuestión gira
en torno a las características atribuidas al preso político mapuche Facundo
Jones Huala, su familia y su comunidad, y a las organizaciones con las cuales
se lo relaciona. El conflicto en sí no es nuevo aunque tuviera una
extraordinaria difusión en las últimas semanas, estimulada por la coyuntura
electoral. Hasta la desaparición de Santiago Maldonado, un joven bonaerense
adherente a la causa mapuche, en el contexto de una de tantas represiones
ilegales y violentas encaradas por las fuerzas armadas en el territorio
mapuche.
En este punto no
quiero ceder a la tentación de demorarme en la vergonzosa cobertura que los
medios vienen haciendo de esta cuestión. Desde el “descubrimiento” que hizo
Clarín, en enero de este año, de Facundo Jones Huala como “el mapuche violento
que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, en una nota plagada de
errores acerca del origen y la biografía del protagonista, de las
características de las organizaciones e inclusive de los datos concretos de las
supuestas “víctimas” del peligroso terrorista. Hasta la participación decisiva
del mismo diario y otros en la viralización de las acusaciones del gobernador
de Chubut, Mario Das Neves, quien llegó a la irresponsabilidad de acusar al juez
federal de Esquel, Guido Otranto, de actuar en “connivencia con delincuentes” a
raíz de su decisión de no hacer lugar al pedido de extradición de Jones Huala a
Chile, en noviembre de 2016.
El juez sostenía
no haber podido comprobar las acusaciones, por un lado y, por otro, que el
proceso judicial incluyó “confesiones” obtenidas bajo tortura por personal
policial. A este atropello a la independencia judicial le siguió la nueva
detención de Facundo en junio, y la duplicación ilegal de su juzgamiento por los mismos hechos, tal como
vienen denunciados desde Chile: portación de armas y daños a vehículos e
inmuebles. La prensa argentina suma –aunque no está en el expediente– violencia
contra personas. Cabe agregar que mientras de este lado de la cordillera
descubrimos el “terrorismo mapuche”, del otro lado se van cayendo las mismas
causas –que involucran a muchísimas autoridades políticas y religiosas de los
mapuches que viven en Chile– por la evidencia del fraude que pesa sobre ellas.
Decenas de dirigentes mapuches se encuentran en prisión en Chile por causas
muchas veces nimias, que ocultan en todos los casos la represión del reclamo
mapuche en cualquiera de sus formas.
Mientras se
utilizó hasta el paroxismo la imagen de un camión quemado a principios de este
año, así como otras fotografías de personas encapuchadas junto a símbolos
mapuche, que le permitió a ciertos medios explotar fantasías de un combo que
remite a Chiapas-Gaza-Libia-y-Euskadi-todo-junto, fue mucho menos difundida la
tremenda imagen de Emilio Jones con su cara baleada, en una de tantas
entraderas de la policía provincial en Cushamen. Menciono esta imagen para afirmar
que no se trata de carencia de recursos informativos, sino de una decisión
política activa.
Como dije antes,
no quiero ceder a la tentación de centrarme en el delirio mediático, tema que
podría ser analizado mucho mejor por personas más expertas. Sin embargo, en
esta historia no puede faltar, por su gravísima incidencia, la mención del
pésimo armado de la nota que el programa Periodismo
para todos tituló como “La amenaza armada que preocupa al gobierno”. Dentro
del estilo que ya le conocemos, de recorte y pegue de imágenes superpuestas de
modo pretendidamente “casero”, se intercalan fotos de los protagonistas de esta
historia, publicadas en otros medios, con acciones de otros lugares del
planeta, fotos de camiones quemados, al estilo en que un alumno de primaria
“ilustra” con figuritas su tarea escolar. Mientras tanto, la voz en off va
soltando nombres, cifras y datos que impresionan. No se entiende muy bien por
qué se entrevista a un periodista chileno que no sabe mucho del caso local.
Luego, un par de minutos de una entrevista a Facundo Jones Huala en la que el
recorte es evidente. Y en medio de tanta falsa torpeza, se insertan dos hechos
a los que se dedica, curiosamente, bastante más tiempo: por un lado, el ataque
a la Casa de Chubut en Buenos Aires, en la misma semana, por parte de un grupo
sin identificación que sólo realizó pintadas con el conocido símbolo
anarquista, y escribió como único mensaje: “Aparición de Seba El lechu” (sic).
Esto alcanzó para que Jorge Lanata adjudicara el golpe a una célula del
terrorismo mapuche. Curiosa organización terrorista ésta, que no reivindica el
golpe en ningún comunicado, pierde la oportunidad de escribir su nombre en las
paredes, y al demandar la aparición del aún desaparecido, confunde su nombre…
ya que Seba, “el lechu”, se llama en realidad Santiago.
Por otro lado,
Lanata también inserta en medio de la nota la referencia a otro hecho policial,
el crimen del policía José Aigo, aún impune, sucedido en marzo de 2012 en el
paraje Pilo Lil en Neuquén. Se muestra a los hermanos de la víctima relatando
los hechos, aunque queda en evidencia que no creen en una autoría mapuche del
asesinato. Por el contrario, se identifica a dos de los acusados por el hecho,
ciudadanos chilenos, actualmente prófugos. Dos supuestas organizaciones armadas
chilenas se habrían adjudicado el hecho. En este episodio, donde resultó
asesinado un policía mapuche, cuyo apellido concuerda con una de las
comunidades mapuche más reconocidas de la provincia, la Justicia atribuye el
móvil al narcotráfico y el contrabando y sigue los pasos de dos prófugos que no
son mapuches. Sin embargo, por obra y arte de PPT, la causa “estaría
relacionada” con el movimiento mapuche en Argentina. Cabe destacar además que
Lanata evitó prolijamente mencionar al tercer acusado en el hecho, un “hijo del
poder” de la sociedad de Junín de los Andes, que fue apresado en el marco de
esta causa. La desaparición de Maldonado, por su parte, es mencionada sólo al
pasar, para “explicar” las pintadas sobre “Seba el lechu”. ¿No son demasiadas
omisiones, junto a la inserción de hechos violentos, en un contexto donde por
más que se busque, no aparece la violencia mapuche y en cambio sobra la
violencia estatal?
(…)
Facundo Jones
Huala no es el primer preso político originario en nuestro país. Seguimos
reclamando la liberación de Agustin Santillán, el líder wichí preso en Formosa
desde hace cuatro meses por visibilizar los abusos contra su gente, en
Ingeniero Juárez.También es indispensable recordar que a lo largo y ancho del
país se suceden casi a diario los desalojos, las expulsiones, los abusos contra
las comunidades. En las últimas semanas han sido noticia los ataques violentos
a las comunidades mbyá (guaraníes) en las cercanías de San Ignacio, Misiones.
La desaparición
forzada tampoco es una práctica desconocida en el contexto de la represión a
los pueblos indígenas y a las clases trabajadoras. Daniel Solano lleva casi
seis años desaparecido en Río Negro; Sergio Ávalos, catorce años sin aparecer,
y sus causas judiciales fueron sistemáticamente operadas por los amigos del
poder. Marcelino Olaire, de La Primavera, desapareció a fines de 2016 en un
hospital de Formosa. Sus familias reclaman por ellos incansablemente.
La agitación del
fantasma del terrorismo y el secesionismo mapuche en un claro momento
electoral, sin embargo, abre otros interrogantes. ¿Cuál es el rédito que
obtiene el gobierno al instalar estas figuras en la vidriera política? ¿La
identificación de su agenda con el proyecto sarmientino de erradicación de la
barbarie? ¿O más bien, la fidelización de un sector de su electorado que podría
comenzar a sentirse incómodo por la escalada represiva, a no ser que se
identificara a los reprimidos con quienes lo merecen por ser terroristas, por
extranjeros, inauténticos? En ese sentido, es tan importante reclamar al
gobierno nacional y provincial, que como responsables deben responder por la
desaparición de Maldonado y por la criminalización de Jones Huala, como
trabajar con aquellos sectores de la sociedad nacional que se “tranquilizan”
viendo terroristas en los mapuches y punteros pagos en los linyeras de Barrio
Norte. El “estado de excepción” que una parte de la ciudadanía, azuzada por la
manipulación mediática está pidiendo, es, junto con la estigmatización de cada
vez más amplios sectores de la población, la incubadora del totalitarismo.
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