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El Pelafustán

12.8.17

La criminalización de los mapuches


















Marcha por Santiago Maldonado | ESPACIO DE MEMORIA 

La agitación del fantasma del terrorismo y el secesionismo mapuche en un claro momento electoral, la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la vergonzosa cobertura de la prensa corporativa.  

Diana Lenton | ANFIBIA

En los últimos días una serie de hechos puso en las portadas de los medios y en las bocas de varios funcionarios de gobierno el llamado “conflicto mapuche” en la Patagonia. Un conflicto que algunos de ellos prefirieron titular como “guerrillas mapuches” o “terrorismo mapuche”. El provecho político reside en la escalada y, entonces, a medida que pasan las horas, el titular es cada vez más el “terrorismo”, sin ninguna otra consideración.
La cuestión gira en torno a las características atribuidas al preso político mapuche Facundo Jones Huala, su familia y su comunidad, y a las organizaciones con las cuales se lo relaciona. El conflicto en sí no es nuevo aunque tuviera una extraordinaria difusión en las últimas semanas, estimulada por la coyuntura electoral. Hasta la desaparición de Santiago Maldonado, un joven bonaerense adherente a la causa mapuche, en el contexto de una de tantas represiones ilegales y violentas encaradas por las fuerzas armadas en el territorio mapuche.
En este punto no quiero ceder a la tentación de demorarme en la vergonzosa cobertura que los medios vienen haciendo de esta cuestión. Desde el “descubrimiento” que hizo Clarín, en enero de este año, de Facundo Jones Huala como “el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, en una nota plagada de errores acerca del origen y la biografía del protagonista, de las características de las organizaciones e inclusive de los datos concretos de las supuestas “víctimas” del peligroso terrorista. Hasta la participación decisiva del mismo diario y otros en la viralización de las acusaciones del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien llegó a la irresponsabilidad de acusar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, de actuar en “connivencia con delincuentes” a raíz de su decisión de no hacer lugar al pedido de extradición de Jones Huala a Chile, en noviembre de 2016.
El juez sostenía no haber podido comprobar las acusaciones, por un lado y, por otro, que el proceso judicial incluyó “confesiones” obtenidas bajo tortura por personal policial. A este atropello a la independencia judicial le siguió la nueva detención de Facundo en junio, y la duplicación ilegal de su  juzgamiento por los mismos hechos, tal como vienen denunciados desde Chile: portación de armas y daños a vehículos e inmuebles. La prensa argentina suma –aunque no está en el expediente– violencia contra personas. Cabe agregar que mientras de este lado de la cordillera descubrimos el “terrorismo mapuche”, del otro lado se van cayendo las mismas causas –que involucran a muchísimas autoridades políticas y religiosas de los mapuches que viven en Chile– por la evidencia del fraude que pesa sobre ellas. Decenas de dirigentes mapuches se encuentran en prisión en Chile por causas muchas veces nimias, que ocultan en todos los casos la represión del reclamo mapuche en cualquiera de sus formas.
Mientras se utilizó hasta el paroxismo la imagen de un camión quemado a principios de este año, así como otras fotografías de personas encapuchadas junto a símbolos mapuche, que le permitió a ciertos medios explotar fantasías de un combo que remite a Chiapas-Gaza-Libia-y-Euskadi-todo-junto, fue mucho menos difundida la tremenda imagen de Emilio Jones con su cara baleada, en una de tantas entraderas de la policía provincial en Cushamen. Menciono esta imagen para afirmar que no se trata de carencia de recursos informativos, sino de una decisión política activa.
Como dije antes, no quiero ceder a la tentación de centrarme en el delirio mediático, tema que podría ser analizado mucho mejor por personas más expertas. Sin embargo, en esta historia no puede faltar, por su gravísima incidencia, la mención del pésimo armado de la nota que el programa Periodismo para todos tituló como “La amenaza armada que preocupa al gobierno”. Dentro del estilo que ya le conocemos, de recorte y pegue de imágenes superpuestas de modo pretendidamente “casero”, se intercalan fotos de los protagonistas de esta historia, publicadas en otros medios, con acciones de otros lugares del planeta, fotos de camiones quemados, al estilo en que un alumno de primaria “ilustra” con figuritas su tarea escolar. Mientras tanto, la voz en off va soltando nombres, cifras y datos que impresionan. No se entiende muy bien por qué se entrevista a un periodista chileno que no sabe mucho del caso local. Luego, un par de minutos de una entrevista a Facundo Jones Huala en la que el recorte es evidente. Y en medio de tanta falsa torpeza, se insertan dos hechos a los que se dedica, curiosamente, bastante más tiempo: por un lado, el ataque a la Casa de Chubut en Buenos Aires, en la misma semana, por parte de un grupo sin identificación que sólo realizó pintadas con el conocido símbolo anarquista, y escribió como único mensaje: “Aparición de Seba El lechu” (sic). Esto alcanzó para que Jorge Lanata adjudicara el golpe a una célula del terrorismo mapuche. Curiosa organización terrorista ésta, que no reivindica el golpe en ningún comunicado, pierde la oportunidad de escribir su nombre en las paredes, y al demandar la aparición del aún desaparecido, confunde su nombre… ya que Seba, “el lechu”, se llama en realidad Santiago.
Por otro lado, Lanata también inserta en medio de la nota la referencia a otro hecho policial, el crimen del policía José Aigo, aún impune, sucedido en marzo de 2012 en el paraje Pilo Lil en Neuquén. Se muestra a los hermanos de la víctima relatando los hechos, aunque queda en evidencia que no creen en una autoría mapuche del asesinato. Por el contrario, se identifica a dos de los acusados por el hecho, ciudadanos chilenos, actualmente prófugos. Dos supuestas organizaciones armadas chilenas se habrían adjudicado el hecho. En este episodio, donde resultó asesinado un policía mapuche, cuyo apellido concuerda con una de las comunidades mapuche más reconocidas de la provincia, la Justicia atribuye el móvil al narcotráfico y el contrabando y sigue los pasos de dos prófugos que no son mapuches. Sin embargo, por obra y arte de PPT, la causa “estaría relacionada” con el movimiento mapuche en Argentina. Cabe destacar además que Lanata evitó prolijamente mencionar al tercer acusado en el hecho, un “hijo del poder” de la sociedad de Junín de los Andes, que fue apresado en el marco de esta causa. La desaparición de Maldonado, por su parte, es mencionada sólo al pasar, para “explicar” las pintadas sobre “Seba el lechu”. ¿No son demasiadas omisiones, junto a la inserción de hechos violentos, en un contexto donde por más que se busque, no aparece la violencia mapuche y en cambio sobra la violencia estatal?

(…)

Facundo Jones Huala no es el primer preso político originario en nuestro país. Seguimos reclamando la liberación de Agustin Santillán, el líder wichí preso en Formosa desde hace cuatro meses por visibilizar los abusos contra su gente, en Ingeniero Juárez.También es indispensable recordar que a lo largo y ancho del país se suceden casi a diario los desalojos, las expulsiones, los abusos contra las comunidades. En las últimas semanas han sido noticia los ataques violentos a las comunidades mbyá (guaraníes) en las cercanías de San Ignacio, Misiones.
La desaparición forzada tampoco es una práctica desconocida en el contexto de la represión a los pueblos indígenas y a las clases trabajadoras. Daniel Solano lleva casi seis años desaparecido en Río Negro; Sergio Ávalos, catorce años sin aparecer, y sus causas judiciales fueron sistemáticamente operadas por los amigos del poder. Marcelino Olaire, de La Primavera, desapareció a fines de 2016 en un hospital de Formosa. Sus familias reclaman por ellos incansablemente.
La agitación del fantasma del terrorismo y el secesionismo mapuche en un claro momento electoral, sin embargo, abre otros interrogantes. ¿Cuál es el rédito que obtiene el gobierno al instalar estas figuras en la vidriera política? ¿La identificación de su agenda con el proyecto sarmientino de erradicación de la barbarie? ¿O más bien, la fidelización de un sector de su electorado que podría comenzar a sentirse incómodo por la escalada represiva, a no ser que se identificara a los reprimidos con quienes lo merecen por ser terroristas, por extranjeros, inauténticos? En ese sentido, es tan importante reclamar al gobierno nacional y provincial, que como responsables deben responder por la desaparición de Maldonado y por la criminalización de Jones Huala, como trabajar con aquellos sectores de la sociedad nacional que se “tranquilizan” viendo terroristas en los mapuches y punteros pagos en los linyeras de Barrio Norte. El “estado de excepción” que una parte de la ciudadanía, azuzada por la manipulación mediática está pidiendo, es, junto con la estigmatización de cada vez más amplios sectores de la población, la incubadora del totalitarismo.

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