Argentina y Brasil: el mani pulite de los corruptos

▪ Más de 360 diputados brasileños, muchos de ellos investigados por la Justicia por delitos de todo tipo, votaron a favor del proceso contra Dilma, acusándola de una irregularidad presupuestaria. Aquí, el presidente offshore y la corporación judicial quieren encarcelar a Cristina como símbolo del “fin de la impunidad”. En ambos países, los grandes medios machacan con una supuesta cruzada anticorrupción cuyo único fin es salvaguardar la corrupción de la que ellos son partícipes.  

Datapuntochaco  | ANÁLISIS

Aparte de bochornoso y grotesco, el espectáculo montado el domingo 17 de abril en el Congreso brasileño dejó al descubierto que los 367 diputados que votaron por sí al impeachment a Dilma Rousseff, en una suerte de cruzada anticorrupción, lo hicieron frente a alguien que está procesado por corrupción, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, que ofició de conspirador y va camino a convertirse en el verdugo de la presidenta.

La dolorosa paradoja quedará marcada como hito en la historia política de Brasil: una presidenta a quien no se le pudo más que imputar una irregularidad administrativa en el presupuesto es llevada a un proceso de juicio político por tres centenares de impresentables, lobistas del armamento, de las religiones fundamentalistas, del agronegocio, de los planes privados de salud, de los medios privados de comunicación  y de la enseñanza privada, como los define Emir Sader. No puede haber contraste humano y moral más grande que entre Rousseff y Cunha, ultraconservador, homofóbico y antiabortista.

Los diputados dieron las razones más inverosímiles para decir “sí” al juicio político y, como escribe Bruno Lupion en la revista Anfibia, sumergir a la democracia brasileña en su peor momento. El 33% lo hizo en nombre de Dios, el 36% de la familia, el 25% por Brasil; uno le dedicó su voto al militar que torturó a Dilma y otro lo hizo por el golpe de Estado del 64. 

La dolorosa paradoja de Brasil es la misma que se perpetra por estos días en la Argentina. El presidente Mauricio Macri, involucrado en el escándalo de los Panama Papers por sus empresas en paraísos fiscales e integrante de una familia cuya fortuna se fundó en los favores del Estado, lleva adelante una embestida contra Cristina Fernández de Kirchner, con la connivencia de la corporación judicial argentina, en una cruzada anticorrupción que, por ahora, lo puso como el cazador cazado.  Como dijo la expresidenta, fueron por la ruta del dinero K y se toparon con la ruta del dinero M.

La intentona del macrismo y de parte de la Justicia de remedar un mani pulite viene dando tropiezos. Hasta ahora, se pudo avanzar con la investigación por supuesto lavado de dinero que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido tras la declaración del testigo Leonardo Fariña, un personaje de no fiar pero al que la Justicia le da crédito. La patraña, se sabe, es ir más allá: encerrar a Cristina y levantar así las banderas de un supuesto fin de la impunidad en el país. De darse, bien podría decirse que aquí también no puede haber contraste humano y moral más grande que entre Cristina y sus encarceladores.

David Miranda, en el diario británico The Guardian, define como surrealista lo que ocurrió el 17 de abril en Brasil. “Es imposible marchar de forma convincente detrás de una pancarta contra la corrupción y a favor de la democracia y al mismo tiempo trabajar  para instalar en el poder a algunas de las figuras políticas más corruptas y hostiles del país”, señala en La verdadera razón por la que los enemigos de Dilma Rousseff quieren su destitución. 

Bochornoso festejo de diputados el día de la votación. | Reuters 

Las palabras no pueden describir lo surrealista de la votación sobre la solicitud de juicio político, dice Miranda. Votó por el sí Paulo Maluf, quien se encuentra en la lista roja de la Interpol por conspiración. Votó por el sí Nilton Capixaba, que está acusado de lavado de dinero. “¡Por el amor de Dios, sí!”, exclamó Silas House, que es investigado por la falsificación de documentos y el mal uso del dinero público. Ellos, entre otros tantos, con verdaderos prontuarios, quieren destituir a Rousseff por una irregularidad en el presupuesto.

Lo mismo ocurre en la Argentina. El presidente de las empresas offshore, de las escuchas telefónicas y tantas otras causas durante su paso por la Jefatura de Gobierno porteña quiere encarcelar a su antecesora por una decisión económica, la venta de dólar a futuro, cuyo supuesto perjuicio a los que compraron divisas mediante esa operatoria lo causó el nuevo gobierno, es decir Macri, y no el que se fue el 10 de diciembre.

Miranda explica por qué los enemigos de Dilma quieren destituirla. No es por la corrupción, claro está. La prensa y los canales de televisión dominantes en el país están en manos de un pequeño grupo de familias, entre las más ricas de Brasil, y son claramente conservadores. Durante décadas, estos medios han sido utilizados a favor de los brasileños ricos, asegurando que la gran desigualdad social (e irregularidades políticas que la causan) siga siendo la misma.

De hecho, la mayor parte de los grandes grupos de medios de hoy apoyó el golpe militar de 1964, que significó dos décadas de dictadura de derecha y de la oligarquía  más enriquecida del país. Estas corporaciones –encabezadas el multimedios O Globo– anunciaron el golpe como un ataque noble contra la corrupción de un gobierno progresista elegido democráticamente. ¿Suena familiar?

Durante un año, estos mismos grupos de medios de comunicación han vendido una narrativa atractiva, lo que aquí los anti-K llaman relato. Pero lo que muchos fuera de Brasil no vieron es que los medios de comunicación plutocráticos se han pasado meses instando a protestas. Los manifestantes no son representativos de la población brasileña: son en su gran mayoría blancos y ricos,  las mismas personas que se opusieron a los programas contra la pobreza del Partido de los Trabajadores (PT) durante dos décadas.

Dilma Rousseff, el viernes, en la ONU. | AFP 

El PT llegó a la Presidencia por primera vez en 2002, cuando Lula da Silva obtuvo una victoria espectacular. Gracias a su popularidad y carisma, y ​​reforzado por la gran expansión económica de Brasil durante su presidencia, el PT ganó cuatro elecciones presidenciales sucesivas, incluyendo la victoria de Dilma en 2010 y hace solo 18 meses, su reelección, con 54 millones de votos.

La élite del país y los medios de comunicación fallaron varias veces en sus esfuerzos de derrotar al PT en las urnas. Incapaces de alcanzar democráticamente el poder, ahora están tratando de lograrlo de una forma no democrática. ¿Suena familiar?

Miranda recuerda que el año pasado le descubrieron a Cunha cuentas secretas en Suiza con millones de dólares conseguidos mediante sobornos, poco después de haber negado en el Congreso tener depósitos en el exterior. Cunha también aparece en los Panama Papers, con la evidencia de que actuó para ocultar su ilícita riqueza en paraísos fiscales. Como Macri y allegados suyos en la Argentina.

Un artículo de The New York Times informó que “el 60% de los 594 miembros del Congreso de Brasil”,  los que votaron por la destitución Dilma, tienen cargos por soborno, fraude electoral, la tala ilegal de árboles, secuestro y asesinato. “Por el contrario, dice el artículo, Rousseff  “es una especie rara entre las principales figuras políticas de Brasil: ella no está acusada de robar para sí misma”.

El caso más repulsivo del domingo de la votación es el del diputado de derecha Jair Bolsonaro, quien votó “en honor de uno de los torturadores” de Dilma. Su hijo, Edward, con orgullo, le dedicó el voto a los soldados que condujeron el golpe del 64.

Miranda advierte sobre el riesgo de que el plan real detrás del juicio político a Rousseff  sea poner fin a las investigaciones en curso, protegiendo así la corrupción en lugar de castigarla. Existe un riesgo real de que, una vez destituida Dilma, los medios brasileños dejen de centrarse en la corrupción, el interés público se venga abajo y nuevas facciones en el poder sean capaces de conseguir el apoyo de la mayoría del Congreso para paralizar las investigaciones y protegerse a sí mismos.

▪ El precio vergonzoso que la oposición aceptó pagar | EL PAÍS

Todo ese abominable proceso, avivado por el malhumor social por la recesión económica y el sacudón político de la operación Lava Jato –que investiga el pago de sobornos a Petrobras, en la que es investigado Lula y más de 30 legisladores–, es similar al que se vive en la Argentina con el macrismo y la corporación mediática que encabeza el O Globo argentino, el Grupo Clarín. A Cristina no hay que destituirla, sencillamente porque dejó el poder hace cuatro meses. Sin embargo, hay que eliminarla de la escena política, mucho más aún después de su regreso triunfal el día en que se presentó a declarar citada por el juez Bonadio por la causa de la venta del dólar a futuro y juntó a decenas de miles en Tribunales. No es por la corrupción, claro está.

El temor en Brasil de que la destitución de Dilma sea para frenar las investigaciones a los verdaderos corruptos ya es un hecho en la Argentina. Entre el lunes 18 y hoy sábado 23 de abril, las tapas del diario Clarín solo tienen títulos sobre la ruta del dinero K y nada de los Panama Papers ni del despiadado ajuste del Gobierno, que en 4 meses logró que los sectores de menos ingresos perdieran un 25 por ciento de su capacidad adquisitiva y, en la otra punta, los bancos ganaran un 65 por ciento más que el año pasado. 

La Nación, en esos cinco días, hizo casi lo mismo; salvo que en la tapa del lunes, en lugar de incluir a Báez, la puso a Milagro Sala, un caso de abuso auspiciado por la gestión de Cambiemos que los grandes medios defienden, y ayer al exministro Julio De Vido.  

El caso Báez y las investigaciones a Cristóbal López, Ricardo Echegaray, Sala, De Vido y Cristina, cuyos intríngulis sigue denodadamente la corporación mediática, sirven para desinflar el gran escándalo: el ajuste neoliberal que está costando vidas, los cientos de miles de despedidos del Estado y el sector privado (142.000, según el Centro de Economía Política Argentina –CEPA–), la persecución ideológica en organismos públicos, la inflación descontrolada, el endeudamiento externo… las piruetas offshore del presidente.