Lo que Obama debe saber sobre la Argentina de Macri
Durante su viaje a la Argentina esta
semana, es poco probable que el presidente Obama visite a Milagro Sala.
Reconocida activista social de la provincia de Jujuy, al noroeste del país,
Sala fue detenida en enero a instancias del gobernador, Gerardo Morales, un
aliado político del nuevo presidente, Mauricio Macri.
Su detención ha generado rechazo
internacional; el papa Francisco, Naciones Unidas y Amnistía Internacional han
expresado su preocupación. Pero no la Casa Blanca: al anunciar la visita de
Obama, agradeció a Macri por sus “aportes a la defensa de los derechos humanos
en la región”.
El histórico viaje de Obama a Cuba tiene
toda la pompa de una despedida a la Guerra Fría en América Latina. Su visita a
La Habana servirá como el punto simbólico culminante en la normalización de las
relaciones de Estados Unidos con el gobierno comunista de Cuba. Pero su
excursión a la Argentina tiene un sentido muy distinto.
Poco antes de que Obama llegara a Buenos
Aires, su administración anunció la desclasificación de documentos del gobierno
de Estados Unidos relacionados con la dictadura militar argentina del 1976 al
1983. Sin embargo, la visita no se trata del estado actual de los derechos
humanos sino del libre comercio y la seguridad hemisférica.
Un reconocimiento del papel maligno que
jugó EE. UU. en los primeros años de la dictadura es bienvenido, aun cuando sea
tardío. Pero ignorar las señales de alarma sobre el impacto en los derechos
humanos generadas por las acciones recientes de la nueva coalición gobernante
de la Argentina es un recordatorio preocupante de ese legado. Para Macri, la
visita de Obama ya es un respaldo.
La detención de Milagro Sala ilustra el
nuevo enfoque de mano dura del gobierno argentino. Su organización jugó un
papel importante al ofrecer viviendas, trabajos y educación a grupos marginados
socialmente. Sala fue detenida por liderar una protesta de trabajadores
cooperativistas, desempleados e indígenas en una de las provincias más pobres
del país. Después, fue acusada de malversar fondos públicos. Esa investigación
judicial debe seguir su curso pero el debido proceso exige que, mientras tanto,
ella no sea encarcelada.
Esta detención arbitraria ocurre en el
contexto de una serie de medidas tomadas por la administración de Macri que han
debilitado el Estado de derecho bajo el pretexto de seguridad, libertad
económica y la guerra contra las drogas. En enero, unas semanas después de
asumir, Macri declaró la emergencia de seguridad que permitió que las fuerzas
militares derriben aviones no identificados sospechados de estar vinculados con
el narcotráfico.
En los hechos, el presidente ha decretado
una pena de muerte de facto sin juicio previo. Esta política ha sido criticada
como un ejemplo de la “narcotización” de la seguridad pública. Va en contra de
los principios centrales de las reformas argentinas posdictadura que prohíben
la intervención militar en la seguridad interior.
Poco después de la asunción de Macri, la
Corte Suprema de la capital del país, Buenos Aires, dictaminó que la policía
local puede requerir que los ciudadanos muestren sus documentos de
identificación sin tener sospecha, un fallo que da luz verde al acoso policial
basado en los prejuicios. En otra jugada igual de preocupante, el gobierno
nacional presentó recientemente un nuevo protocolo para protestas que otorga a
las fuerzas de seguridad mayores facultades para reprimir y criminalizar las
manifestaciones; en un país donde la gente valora el derecho a la protesta y
suele ocupar las calles para reclamar sus derechos.
El colapso económico y político de 2001 en
la Argentina demostró definitivamente que las políticas de libre mercado de los
90 no habían mejorado las vidas de la gente común. No obstante, Macri y su
equipo están resucitando algunas medidas fracasadas del pasado. Con los precios
de las materias primas a la baja, quieren atraer inversión extranjera con
recortes para llegar a mayor competitividad: buscan reducir el gasto público y
achicar el Estado.
A la vez, su administración ha eliminado
los controles cambiarios, lo cual aumenta la inflación. Algunos analistas
estiman que el aumento de precios excederá la meta oficial para 2016 de entre
20 y 25 por ciento.
A pesar de sus promesas de campaña de
fortalecer las instituciones democráticas, el presidente Macri está gobernando
en el sentido opuesto. En diciembre, intentó nombrar a dos jueces nuevos de la
Corte Suprema de la Nación por decreto y así sortear la aprobación del Senado.
Ante el clamor de la sociedad, el Presidente dio marcha atrás y mandó los
nombramientos al Senado.
No fue la única decisión prepotente: Macri
utilizó varias órdenes ejecutivas para modificar un pilar de la legislación
sobre los medios que había ampliado la libertad de expresión al fortalecer las
normas antimonopólicas, aun cuando la administración anterior no la haya
implementado bien. Este tipo de intervención presidencial sería desastrosa en
cualquier circunstancia, pero en el contexto de la polarización política en la
Argentina y de otras medidas represivas es alarmante.
El riesgo de militarizar el orden público,
el debilitamiento de los límites institucionales al poder ejecutivo, la
criminalización de la protesta y una obsesión con la promoción de políticas
ortodoxas de libre mercado: nada de esto tiene buenos ecos en América Latina.
Estados Unidos apoyó a muchos de los dictadores de la región durante los 70 y
los 80 para que sirvieran de garantes locales del libre comercio y la seguridad
contra el comunismo.
Recién después de la asunción del
presidente Jimmy Carter en 1977, Estados Unidos empezó a intentar frenar las
fuerzas represivas del continente. Si bien esto fue importante, no pudo
compensar las décadas durante las cuales EE. UU. ayudaba a los dictadores
latinoamericanos mientras decía defender la democracia.
Obama seguramente quiere dejar atrás ese
pasado. Pero durante su administración, Estados Unidos alentó la
desestabilización de la democracia en Honduras y Haití, presumiblemente porque
esperaba que socios comerciales más favorables o aliados en la guerra contra
las drogas tomaran el poder.
La decisión de Estados Unidos de
desclasificar más documentos relacionados con la dictadura argentina es un paso
importante que podría permitir investigaciones judiciales adicionales de
crímenes de lesa humanidad. Pero ahora Obama no debe avalar la violencia
estatal y la intolerancia ideológica como efectos secundarios aceptables de las
metas más amplias de Estados Unidos de promoción del libre mercado y
cooperación en materia de seguridad.
Una visita presidencial a la Argentina que
ignora cómo el gobierno de Macri está socavando los derechos humanos y las
instituciones democráticas –y en su lugar ofrece elogios vacíos sobre sus
políticas– será interpretada correctamente como una vuelta al pasado.
* Director ejecutivo del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS).
** Profesor de historia en la Jepson
School of Leadership Studies de la Universidad de Richmond.
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