Un leve freno a la prepotencia

Los cuatro miembros de la Corte.

▪ Un columnista de la prensa oficialista cuenta que Macri estuvo a punto de salir a denunciar una “justicia populista” tras el fallo de la Corte contra el tarifazo.   

Datapuntochaco  | ANÁLISIS

El jueves al mediodía, los ministros que se reunieron en el despacho de Marcos Peña para analizar el fallo de la Corte Suprema contra el tarifazo en el gas debieron ponerse firmes para evitar que Mauricio Macri saliera a denunciar una “justicia populista”. Así lo cuenta el columnista Carlos Pagni en La Nación de ayer viernes.

El golpe más duro para la Casa Rosada fue la exigencia de audiencias públicas para fijar el precio del gas en boca de pozo y no, como pretende el oficialismo, dejarlo librado al “mercado”. Según Pagni, alguien le había garantizado a Macri que la Corte lo liberaría de ese procedimiento del control ciudadano. 

Ese no fue el único golpe. La Corte advierte que los aumentos de las tarifas no pueden ser “confiscatorios”. Para el tribunal, “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, una verdadera conmoción social provocada por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevado monto, pueda calificarse de ‘confiscatoria’ de los ingresos de un grupo familiar”.

Ese párrafo es destacado por el juez Mariano Juliano, de Necochea, que analiza en la Revista Anfibia el fallo de la Corte sobre el tarifazo del gas, que, opina, se da en “un contexto muy particular, que no puede ser soslayado: la sospecha de simpatías o coincidencias del cortesano mayor, Ricardo Lorenzetti, con el nuevo gobierno (no se puede omitir que un mes antes mantuvo una reunión con el presidente de la Nación, cuyo temario no trascendió, y que llevó a algunos a pensar en recusarlo cuando tuviera que intervenir en esta cuestión), el rol de los nuevos ministros de la Corte en el pleito (en rigor, Horacio Rosatti, que es el único que asumió) y la posibilidad de que el máximo tribunal de la República, como se lo suele denominar, apelara al subterfugio de las ‘cuestiones no justiciables’, que supuestamente se encuentran reservadas a la competencia exclusiva de los otros poderes, como es la de fijar e implementar políticas públicas”.  
En esa línea, Juliano destaca que el “primer síntoma saludable” de la intervención de la Corte es que “se haya asignado máxima prioridad al asunto, haciéndose cargo de la realidad, de la preocupación de los usuarios, pero también de las expectativas gubernamentales en un tema que forma parte de su proyecto de país”.

Marcar la cancha

Si bien el fallo parece centrarse en la exigencia de las audiencias públicas como paso obligatorio antes de definir el valor de las tarifas, según lo establece el artículo 42 de la Constitución nacional, Juliano apunta que hay en las 38 páginas de la resolución “algunos pasajes que parecen marcar la cancha a futuro”.

1. El claro ingreso en las cuestiones “no justiciables”. En el considerando 26 se explicita cuáles son las competencias de cada uno de los poderes de la República: al Legislativo, la adopción de las pautas propias de la política tributaria federal; al Ejecutivo, la fijación de las tarifas del servicio público, y al Judicial, el control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación. En ese sencillo párrafo, la Corte anuncia que no se va a limitar a observar el cumplimiento de los requisitos formales de la ley (en este caso, la realización de las audiencias públicas), sino que va a avanzar en el control de razonabilidad, que, como es de suponer, implica un concepto muy amplio para los márgenes de intervención. Al final del considerando 27 reafirma el concepto al señalar que debe distinguirse entre el ejercicio del control jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas, y el ejercicio mismo de la potestad tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador.  
2. A renglón seguido (considerando 30), sostiene que todo reajuste tarifario debe incorporar como criterio de validez jurídica el criterio de gradualidad. Una definición de esta índole, que la Corte espera que sea asumida en el futuro para casos similares, excluye la posibilidad del tarifazo, que tantas zozobras generó en el ánimo de la mayoría de los compatriotas. La gradualidad se encuentra en las antípodas de la brusquedad, característica de las políticas de shock.  

3. El último mensaje de la sentencia que despierta mi atención es la recomendación para que el Estado vele por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos ponderando la realidad económico social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables, calificando a la tarifa propuesta por el Ejecutivo como confiscatoria, en tanto ocupa, de modo irrazonable, un porcentaje excesivo de los ingresos del grupo familiar. Los conceptos se encuentran cargados de contenido, pero la caracterización como confiscatorios de los aumentos eximen de mayores comentarios.

Civilizar la barbarie

No son pocos los que consideran que, en verdad, el fallo de la Corte se propone solo “civilizar” la barbarie macrista de subir tarifas en 1.000%. Roberto Caballero, en su editorial del jueves a la noche en radio Del Plata, sostuvo que lo que hizo la Corte “fue explicarle al macrismo la diferencia entre una violación y el sexo consentido. La forma en que se aplicó el aumento del gas es una violación, un verdadero ultraje a la economía de las familias”.

Caballero insistió en que el fallo le indica al Gobierno “cuál es la alternativa gatopardista para que el tarifazo se aplique de todos modos, pero que no parezca una cachetada a cada uno de los millones de argentinos”. En definitiva, lo que dice el periodista es que, como las audiencias públicas no son vinculantes, el Gobierno convocará a una especie de pantomima que dejará todo igual.

Sin embargo, Mario Wainfeld, en Página 12, remarca que los supremos dicen que las audiencias no deben ser meramente rituales: los cuadros tarifarios tienen que tomar en cuenta sus planteos. No es injerencia en las potestades del Ejecutivo ni en las cifras o porcentajes pero sí una referencia para debates (o acciones judiciales) por venir. 

Juliano hace la misma lectura. Existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo implemente una apariencia de audiencia pública, donde usuarios y consumidores cumplan un rol meramente decorativo. En palabras de la Corte, para legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad (considerando 19). La Corte se anticipa a este escenario y aclara que la participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, que integra el derecho a una información adecuada y veraz y de legitimidad de las decisiones del poder administrador.

El fallo solo salva del tarifazo a los usuarios domiciliarios, dejando fuera de sus alcances a otros consumidores, como es el caso de comerciantes, pymes, industrias, clubes y otras organizaciones de la sociedad civil. El cálculo de muchos es que la sentencia de Lorenzetti, Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Rosatti beneficia a menos del 30% de los consumidores de gas. 

La Corte formuló una opción que sería larga de explicar, pero en forma alguna excluyó a otras categorías de usuarios. Muy por el contrario, si el Poder Ejecutivo no se hace cargo de las vigas maestras que sostienen lo resuelto, no pasará mucho tiempo para que sucedan nuevos reclamos que, sin dudas, serán tratados con la misma vara que inspiró esta decisión, aclara el juez de Necochea.

Pese a la desconfianza que genera la Corte, sobre todo desde la ley de medios, es evidente que, como dijo Caballero, el fallo sobre el tarifazo fue “un leve golpe a la pedantería macrista”, que sigue mintiendo sobre energía en su afán de garantizarles fuertes ganancias a las distribuidoras a través del expolio de las mayorías.

Uno de los gobernadores aliados al Gobierno, el radical Ricardo Colombi (Corrientes), le dijo hace unos días al periodista Luis Novaresio en radio La Red que el problema de fondo es que no hay energía. Ese es un argumento falaz que, al parecer, los periodistas más consagrados no están dispuestos a replicar, aun sabiendo que se les miente en la cara.