Los leucocitos de Michetti

▪ Todo queda en familia. La vicepresidenta, imputada por el caso del dinero guardado en su placar, fue al programa de Leuco a defenderse. El sitio Nuestras Voces reveló que la pareja del periodista oficialista fue la organizadora de la fiesta a la que estaban destinados los 200.000 pesos robados de la casa de la macrista.    

Datapuntochaco  | INFORME

Lo de Gabriela Michetti es un escándalo. Fue imputada por el fiscal pocero Guillermo Marijuan, que abrió una investigación para determinar si la vicepresidenta incurrió en algún delito con los 245.000 pesos y 50.000 dólares que tenía en su casa y que fueron robados de allí el 22 de noviembre de 2015.

Michetti aseguró que el dinero en pesos provenía de su fundación, SUMA, que, según los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, es totalmente trucha: recién este año, luego de las denuncias, se presentó por primera vez ante la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ). Sus aportantes son empresas beneficiadas con contratos billonarios por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, desde diciembre, también por el nacional.

La prensa corporativa argentina minimizó el asunto, al punto que la noticia de la imputación de la vicepresidenta apareció en la tapa del diario La Nación perdido entre títulos del pie de página. Clarín directamente lo ignoró.

El vicepresidente anterior, Amado Boudou, fue castigado durante casi todo su mandato con una campaña mediática que lo presentó como un verdadero ladrón solo porque le había desbaratado al menos dos grandes negocios al Grupo Clarín.

Boudou, procesado en la causa Ciccone –en todas las demás fue sobreseído–, ocupó durante casi cuatro años el título central de las portadas de los dos principales diarios del país y el hostigamiento fue tanto que senadores de la oxidada UCR llegaron a pedirle que se tomara licencia como presidente de la Cámara alta. En 2014, el bloque radical, comandado entonces por el hoy gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, planteó la “gravedad institucional” de que el Senado estuviera presidido por un procesado.

Sin embargo, Morales, que mantiene a Milagro Sala como presa política en Jujuy en condiciones aberrantes, nada dijo cuando Mauricio Macri asumió como presidente estando procesado por el escándalo de las escuchas. Es llamativo cómo cambian los principios del radicalismo según de qué lado del mostrador esté. Cuando gobiernan, los radicales devienen en los más recalcitrantes pisoteadores de derechos. Cuando son oposición, se visten de pulcros republicanos.
La exministra de Economía Felisa Miceli fue condenada por haber guardado dinero en el baño de su despacho, cuando estaba al frente del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Néstor Kirchner. Eran 100.000 pesos y 31.670 dólares, un poco que menos que lo que tenía Michetti.

Miceli no pudo justificar el origen del dinero e incurrió en contradicciones acerca de él. Le imputaron los delitos de “encubrimiento agravado de administración fraudulenta” y “sustracción de documento público”, este último por haberse llevado el acta original de la Policía Federal labrada por la Brigada de Explosivos al encontrar el paquete de dinero.
En julio de 2007 renunció a su cargo, a poco de haberse desatado el escándalo. Fue condenada el 27 de diciembre de 2012 a 4 años de prisión e inhabilitada por 8 años para ejercer cargos públicos. En 2014, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, pero dejó sin efecto el agravante por su condición de funcionaria pública y por haber abusado de su cargo para cometer los delitos. Por ello, el Tribunal Oral Federal N° 1, por unanimidad, la condenó por “administración fraudulenta” a una pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Si bien llevó el caso a las primeras planas, la prensa corporativa no hostigó a Miceli como lo hizo con Boudou sencillamente porque por aquellos tiempos, 2007, el Grupo Clarín mantenía una buena relación con Kirchner.

Con los bolsos de José López dominando las primeras planas, lo de Michetti es lisa y llanamente omitido pese a la gravedad del hecho. Según la vicepresidenta, los 200.000 pesos provenían de la Fundación SUMA y los 50.000 se los había prestado su novio, Juan Tonelli, quien en su declaración testimonial por el robo dio una versión distinta.

Michetti alegó originalmente que los 50.000 dólares se los dio su novio para abonar una maestría de su hijo, aún no recibido, y que los 200.000 pesos pertenecían a donaciones de la Fundación SUMA llevadas a su domicilio por “voluntarios” de la entidad. En cambio, su pareja declaró haber llevado el mismo día los 200.000 pesos, pero no mencionó en ningún momento que fueran donaciones recibidas en la fundación. Y llamativamente tampoco hizo mención alguna a los 50.000 dólares que supuestamente él le prestó, según declaraciones de su novia. Tampoco aclara por qué él, que no tiene relación alguna con la Fundación, tenía en su poder donaciones en efectivo y sin bancarizar. 

Regularización de apuro

Formada el 15 de septiembre de 2009, la Fundación SUMA se mantuvo ilegal hasta este año. Tampoco tuvo nunca empleados declarados, pese a que, en una entrevista en radio Vorterix, Michetti admitió pagarles a la directora y a dos personas que realizaban tareas full time (¿trabajadores en negro?). Recién a fines de julio y luego de presentada la denuncia penal, la Fundación se inscribió en la AFIP como empleadora, dicen Escalada y Ronconi en Nuestras Voces.
Esto significa que prácticamente ninguna actividad de SUMA fue fiscalizada por el Estado, ni siquiera las supuestas asambleas, que recién fueron presentadas todas juntas bajo el rótulo “fuera de término” la semana pasada ante la IGJ. 

Por ley, las donaciones a una fundación deben estar bancarizadas, y para abrir una cuenta a su nombre, la entidad debe contar con todos los papeles de inscripción reglamentarios. La ley también indica: “Todas las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 50.000 o el equivalente en especie, en un solo acto o en varios, que individualmente sean inferiores a dicha cifra pero que en conjunto la superen, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días, deberán presentar una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas fundaciones se consideran sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos de la Resolución UIF N° 30/11”.
El motivo por el que la ley antilavado exige esto es por la posibilidad de que una fundación sea utilizada para mover dinero en negro. Por ejemplo, un contratista del Estado podría recibir un contrato millonario “inflado” y hacerle el “retorno” a los funcionarios que “facilitaron” ese contrato a través de una fundación que ellos mismos manejen, señala el artículo de Nuestras Voces.
Sin embargo, Michetti tenía el dinero de la Fundación guardado en su placar, de donde fue robado el 22 de noviembre de 2015, justo cuando festejaba el triunfo de Cambiemos en la segunda vuelta electoral. El hecho se conoció públicamente a fines de julio de este año en una nota en Tiempo Argentino.

En el caso quedó imputado David Cruzado, de la custodia de la entonces vicepresidenta electa. Estuvo preso hasta el 16 de junio, cuando la Sala IV de la Cámara del Crimen, en un fallo firmado por los jueces Carlos Alberto González y Alberto Seijas, confirmó su procesamiento por el delito de “hurto agravado por haber sido cometido mediante el uso de llave, ganzúa o algún elemento semejante, agravado por su condición de policía”, le trabó embargo por 1.000.069,67 pesos, pero le concedió la excarcelación.

La empleada doméstica de Michetti, Norma Rojas Sánchez, declaró que era común que la señora le diera para guardar en su casa sobres con dinero envueltos en pañuelos, de los que desconocía los montos, probando de esta manera la práctica de tener sumas de dinero en efectivo como algo habitual.
De la declaración testimonial se desprende también que Rojas Sánchez, quien trabaja para Michetti desde hace 22 años, cobra 4.000 pesos al mes por su trabajo diario de 8 horas, en pagos semanales de $ 1.000. El sueldo está muy por debajo del salario mínimo y, según consta en los registros de AFIP, recién fue blanqueada el 1 de mayo de 2013. 

La vicepresidenta estuvo la semana pasada en el programa de Alfredo Leuco, en TN, donde insistió en que el préstamo en dólares de su novio era para pagarle una maestría a su hijo, que a la fecha no está recibido. Pero Nuestras Voces reveló algo más, que roza de cerca al periodista oficialista. Cecilia Brook, su pareja, fue la organizadora de la fiesta a la que supuestamente estaban destinados los 200.000 pesos no declarados de Michetti.

El ángel de Leuco

En el artículo Todo queda en familia, Gabriela Cerruti señala que Brook, que trabaja en la Fundación SUMA, fue nombrada en el Senado por la vicepresidenta. El dinero “era para pagar los gastos de organización de la cena en la Rural, el decorado, la organización”, repitió ante el atento periodista. Leuco sabía perfectamente de qué le hablaba: su pareja, Cecilia Brook, fue la encargada de organizar esa fiesta y la que, por lo tanto, era la beneficiaria de esos 200.000 pesos destinados a gastos. Los Leuco nunca mencionaron esa relación familiar mientras fingían llevar adelante una entrevista “independiente”.
La relación de Brook con Michetti es anterior a la presentación oficial como pareja del periodista anti-K hace ya varios meses, y es la persona a cargo de planificar y organizar todos los eventos de Michetti, tanto en su actividad política como en su cuestionada Fundación SUMA.
Cuando la vicepresidenta echó a cientos de empleados públicos al llegar a su cargo en el Senado, Leuco le dedicó un texto en el que la comparaba con su antecesor, Boudou, diciendo que “ella busca reparar tanta injusticia. Son como el día y la noche.  Él es un demonio y ella es un ángel que intenta convertir el infierno en un paraíso. Ojalá pueda”.