La paja kirchnerista, la viga radical
Fabián Ríos, intendente de Corrientes. | SP.
▪ El boleto en la ciudad de Corrientes aumentó en más de 37%. La suba, impulsada por el dizque K intendente, tendrá un alto impacto en los sectores de bajos ingresos, usuarios cautivos del servicio. La oposición municipal rechazó la medida, pero solo fue una postura oportunista. La Provincia subió varias veces más la luz. Del “Clarín miente” al “La Nación también miente”.
Datapuntochaco | ANÁLISIS
Tres días después de las elecciones legislativas
provinciales, el Concejo de la ciudad de Corrientes aprobó un aumento del
boleto urbano de pasajeros, que pasó de 3,60 pesos a 4,95, lo que equivale a
37,5% más. Que un pasaje cueste casi 5 pesos representa 80 pesos en una familia de cuatro
integrantes que debe viajar al menos cuatro veces por día, lo que, contando
solo los 22 hábiles del mes, suma un gasto mensual en transporte de 1760 pesos.
Por más números que se hagan intentando justificar la
suba, el precio es alto si se tiene en cuenta que el de los colectivos un
servicio público mayormente usado por los sectores que menos ingresos tienen y
que no pueden usar un medio de transporte alternativo. Tienen que pagar sin
chistar. Lo mismo ocurre en Resistencia, que por ahora el boleto cuesta 4
pesos, pero es inminente una suba.
La capital de Corrientes está gobernada por el dizque
kirchnerista Fabián Ríos, sucesor de Camau Espínola en la Intendencia. El
servicio urbano está prácticamente monopolizado por ERSA, que, como en el resto
del país, es una empresa subsidiada por el Estado nacional. Según datos de la Secretaría de Transporte de la Nación, ERSA recibió en enero de este año 4.191.178,73
pesos en subsidios y en todo 2014, 45.743.923,32 pesos. Los subsidios que
recibe el sistema son para, entre otros propósitos, compensar para que el
precio del pasaje no se dispare.
Lo extraño es que la misma gestión que impulsó una medida
progresista como es la gratuidad del pasaje para los estudiantes de la ciudad
–la medida entró en vigencia con Camau– impone un ajuste que, sin duda, tendrá
un alto impacto en las modestas economías de la gran mayoría de los correntinos,
en una provincia con los sueldos públicos y privados más bajos del país.
Aunque reacio a hacer declaraciones públicas, el
intendente Ríos salió a explicar a través de la prensa el porqué de la suba,
pero sus argumentos, además de poco convincentes, son inaceptables. Dijo que de
algún modo debe sostenerse la “firme política de prestación social”, que
significan los 14 millones de boletos estudiantiles gratuitos por año.
En primer lugar, si la Municipalidad debe pagarles a las
empresas lo que estas no recaudan por los estudiantes, Ríos debería pensar en
otras alternativas que no golpeen a los sectores de menores ingresos. En
segundo lugar, el intendente apeló en su explicación a una comparación atendible,
pero no admisible desde el punto de vista ideológico. Dijo que la empresa
provincial de energía, la DPEC, había aplicado un aumento del 400% en las
facturas de luz, sin embargo el electorado correntino votó el domingo pasado al
oficialismo provincial, esto es la alianza de partidos que lidera la UCR. “Está
claro que la gente lo termina comprendiendo [el aumento], si miramos los
resultados electorales”, argumentó.
Es cierto que la DPEC aumentó el cargo fijo de la
facturación en porcentajes por encima del 100%. Y es cierto también que la
empresa Aguas de Corrientes, concesionaria del servicio, cobra lo que se le
antoja, sin que el Estado provincial actúe como sí lo hace la Nación con las
empresas de telefonía, por ejemplo. Pero esa es la diferencia entre la política
nacional y la provincial, por lo que Ríos comete un gran error al equipararse
con el gobierno conservador del radical Ricardo Colombi.
En el caso de la luz, el defensor del Pueblo de
Corrientes, Miguel Alegre, acudió a la Justicia para frenar el tarifazo. No obtuvo
una respuesta favorable, aunque logró al menos que no se corte el servicio a
quienes no pagaron la nueva facturación hasta que la DPEC justifique el
reajuste.
Ante esto, el interventor de la empresa, el ministro de
Economía, José Vaz Torres, destrató varias veces públicamente a Alegre y hasta desafió
el fallo judicial que dispuso que no se deje sin servicio a los usuarios. En
este mismo blog se hizo un comentario al respecto, apenas ocurrida la afrenta
del ministro, que suele comportarse habitualmente como un bravucón (en El púgil De Narváez y la prensa distraída, Distracción correntina).
Por otro lado, Corrientes no quiso firmar con la Nación
el acuerdo energético por el que se congela la tarifa a cambio del
financiamiento de inversiones. La administración provincial se victimiza y
culpa a la Casa Rosada de discriminar a Corrientes, como si la provincia, por
tener un gobierno radical, fuese desequilibrante en el concierto nacional. Nada
más alejado de la realidad.
Ahora bien, los concejales leguleyos de la oposición a
Ríos en el Concejo –entre los que no hay
ninguno de la UCR– pusieron el grito en el cielo por el aumento del boleto,
pero nada dijeron cuando la DPEC facturó con subas varias veces superiores al
37,5% del transporte.
Es fácil ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en
el propio... Y la oposición en la capital correntina, que es oficialismo en la
provincia, hizo de esta paremia una forma de hacer política. Por ahora, con
buenos resultados electorales.
La Nación también miente
El diario porteño La
Nación informó ayer que el papa Francisco, en una firme decisión de
inmiscuirse en los problemas de la Argentina, pidió, en un telegrama enviado a
la presidenta Cristina Fernández, “mayor compromiso” con la justicia. El diario
tradujo esa frase como una defensa abierta del papa al juez Luis Cabral,
apartado por el Concejo de la Magistratura de una subrogancia.
“El papa pidió un mayor compromiso con la justicia en la
Argentina”, tituló el diario conservador en la tapa de ayer sábado 11 de julio.
Y conectó el saludo papal a la presidenta con “la grave tensión” entre el
Gobierno y el Poder Judicial “por la remoción de jueces y su reemplazo por
abogados y magistrados de confianza de la Casa Rosada”.
Sin duda, esa es una interpretación interesada de La Nación, cuya línea editorial es
abiertamente pro corporación judicial y, en consecuencia, defiende a Cabral, un
juez que está decidido a incumplir con la ley con tal de permanecer en un cargo
al que llegó de manera cuestionable.
“Al sobrevolar la amada patria argentina para dar
comienzo a mi visita pastoral a Paraguay, me alegra enviar un cordial saludo a
vuestra excelencia [la presidenta argentina], expresando mi cercanía y afecto a
esta querida nación, para la que pido al Señor copiosas gracias que le permitan
progresar en los valores humanos y espirituales, acrecentando el compromiso por
la justicia y la paz”, dice el telegrama enviado por Francisco antes de llegar
a Asunción, el viernes.
Como se ve, el papa habla de seguir “acrecentando el
compromiso” por la justicia y de la paz, esto es, alienta a profundizar un
proceso ya iniciado. Con justicia, no se refiere al Poder Judicial, sino al
término en cuanto valor y no institución.
La presidenta salió ayer a aclararlo en Facebook y
Twitter: “Como siempre, una vez más, La
Nación muestra la hilacha. Pero la mentira tiene patas cortas, a Dios
gracias. Amén”, escribió.
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