La muerte de Nisman despertó al leviatán

El fiscal Marijuán convoca al 18F | LEO VACA/NA.

▪ Rabioso contra el Gobierno y con la complicidad de la corporación mediática, un grupo de jueces y fiscales, en su mayoría cuestionados por sus desempeños, busca poner en vilo a un país entero. La denuncia contra la presidenta y la marcha del 18F, puntas de lanza de un poder, el Judicial, desenmascarado.       

Datapuntochaco | EDITORIAL 

La muerte del fiscal Alberto Nisman despertó a un monstruo. Rabioso contra el Gobierno y con la complicidad de la corporación mediática, un grupo de jueces y fiscales, en su mayoría cuestionados por sus desempeños, busca poner en vilo a un país entero, en el último manotazo de ahogado de un establishment que avizora desde hace tiempo un escenario electoral desfavorable.  

Ayer viernes 13, los titulares de la tarde de las ediciones digitales de los principales diarios de la Argentina parecían anunciar el final. Se hablaba de “imputación” de Cristina Fernández de Kirchner en la denuncia realizada por Nisman días antes de aparecer muerto en su departamento con un disparo en la cabeza, en la que se la acusa a la presidenta y al canciller Héctor Timerman de encubrir a los supuestos autores del atentado a la AMIA.

La decisión del fiscal Gerardo Pollicita, que suma puntos para convertirse en el nuevo héroe de la prensa opositora (Nisman ya fue elevado a la categoría de mártir), consistió en requerir que se avance con la investigación del supuesto encubrimiento y solicitó diversas medidas de prueba. Es el juez federal N° 3, Daniel Rafecas, quien debe dar curso al requerimiento del fiscal.

La determinación de Pollicita fue anticipada, como era de esperarse, por el diario Clarín. En la tapa de ayer titula: “Imputarían a Cristina por la denuncia de Nisman”. Y agrega que Pollicita considera que hay en el escrito del fiscal muerto “elementos sólidos” para avanzar con el proceso judicial contra la presidenta.

La guerra está declarada. Así como en 2008 fue la patronal ruralista la que quiso arrinconar a Cristina Fernández por la 125, valiéndose también de los negocios compartidos con el establishment mediático, esta vez es un sector de la Justicia el que, en defensa de intereses corporativos y no, como se pregona, de la independencia judicial, está dispuesto a todo.

En 2008, costaba admitir la existencia de una maquinaria destituyente. Hoy las cosas son tan evidentes que solo el profundo odio que se agita desde el antikirchnerismo le impide ver a un sector de la sociedad cuáles son las reales intenciones. Como escribe Ignacio Fittipaldi, en un artículo que publica la Agencia Paco Urondo, “la batería de estrategias desarrolladas para horadar al Gobierno nacional, y en especial la figura de CFK, se repetía con la sistematicidad de las reuniones de tupperware entre vecinas”. Sin embargo, el cadáver del fiscal de la causa AMIA, que en 10 años no aportó nada nuevo a la investigación, cambió el “vertiginoso rumbo de taladrar la gobernabilidad”.

Según el artículo, la inflación, la escasez de dólares, la fallida negociación con el juez Thomas Griesa por los fondos buitre, la falta de inversión extranjera, el descontento de los asalariados tras la devaluación de enero de 2014, el aumento del desempleo que provocaría la agudización de la crisis local (siempre negando las consecuencias de la crisis mundial en el ámbito local) no dieron los resultados esperados. Cristina sigue.

La nueva fase de la intentona consiste en deslegitimar a la presidenta. Lo que se intenta es “mitigar el margen de acción del Gobierno” debido a esa presunta deslegitimidad. Según Fittipaldi, esa idea se construye con el argumento de que “todo lo que pasa por el Congreso carece de legitimidad porque es aprobado con la sola mayoría de los votos del oficialismo”. Cada vez que el oficialismo aprueba una ley, los diarios opositores coinciden en titular que el kirchnerismo “impuso” su mayoría, como si eso fuese un delito.

Como se sabe, y el autor del artículo lo menciona, con ese falaz argumento se omite que, para ser mayoría (o primera minoría), hay que ganar elecciones y que las representaciones políticas parlamentarias encuentran en el Congreso una expresión cuantitativa del voto popular. Por lo tanto, “si un partido político es más votado que otro, este tendrá mayor fuerza política que aquél que ha obtenido menos. Es decir, si nos sometemos al voto popular, hay que asumir las consecuencias institucionales de ello”.

La oposición parece ignorar esa regla básica del sistema y sale cada tanto a despotricar contra la supuesta avanzada del oficialismo en el Congreso. Incluso, usa como caballito de batalla que, de llegar al Gobierno, derogará todas las leyes votadas solo por el kirchnerismo.

Es más, como apunta Fittipaldi, la oposición recurrió “sistemáticamente al Poder Judicial para anular, invalidar y obstaculizar las leyes sancionadas en el Parlamento”, en una práctica que, si bien puede considerarse “cimiento de la democracia”, su “sistematicidad habla de una impotencia de la oposición” y “no del respeto por esa legitimidad devenida en mayoría parlamentaria”. 

Con el caso Nisman, el Poder Judicial, “socio del arco opositor, quedó al desnudo (...) Han golpeado la puerta de un poder que quedó expuesto a su funcionamiento más oscuro. Todo lo que circuló entre periodistas opositores, periodistas autodefinidos como independientes, diputadas de la Nación, fiscales, jueces y servicios de inteligencia, deja al desnudo el estado actual del Poder Judicial y su estrechez con el ámbito político, desintegrando el principio de independencia”, opina Fittipaldi.

“Es como si Nisman tuviera que ser independiente del Poder Ejecutivo, pero amigo de la embajada de EE.UU. Equidistante con CFK, pero amigote de [la diputada del PRO] Laurita Alonso (…) Coimas, tráfico de influencias, agencias de inteligencia que tercerizan servicios en empresas de sus propios agentes o de agencias extranjeras, extorsiones en base a la información obtenida por esas empresas tercerizadas, autos de empresas privadas alquilados a nombre de funcionarios judiciales, alquileres de departamentos equivalentes a la mitad de un sueldo promedio de un fiscal federal, cajas fuertes con toneladas de dinero en efectivo, niveles de vida inexplicables, funcionarios judiciales armados, los miembros del Poder Judicial relacionados al caso, todos, veraneando en el exterior, ricos todos…”.

Siguiendo con el artículo, el autor señala que, así las cosas, “las corporaciones y sus aulladores han decretado que la legitimidad de este gobierno concluyó en 2014” y, por lo tanto, la presidenta “está inhabilitada para proponer nombrar un nuevo miembro de la Corte en reemplazo de [Raúl] Zaffaroni. ¿Acaso no es contradictorio sostener que la Corte debe ser un cuerpo independiente del poder político y anular la proposición de [Roberto] Carlés hasta tanto el nuevo gobierno elija a un candidato de su propio gusto? (…) CFK está impedida de enviar un proyecto de ley para crear la Agencia Federal de Inteligencia (…) No puede realizar acuerdos estratégicos con China porque exceden el vencimiento de su gobierno. Pero, básicamente, está impedida de tomar decisiones que afecten el curso y la vida del Estado (…) ¿Qué sentido tiene transcurrir el cuarto año de mandato si no se puede tomar la iniciativa necesaria para modificar cierto estado de cosas?”.

Esos sinsentidos constituyen el único sentido de la oposición político-mediática del país, que impone, con golpes de tapa, todo lo que se debe pensar y opinar del Gobierno, sopena de ser catalogado –y por lo tanto desacreditado– de oficialista. Una consagrada periodista de la corporación que no sabe decir otra cosa que lo que le molesta del Gobierno es que todo es amigo-enemigo trató de “mercenario K” a un conductor de CN23 que, en Twitter, escribió un comentario a favor del Gobierno. ¿Quiénes son entonces los que practican la intolerancia?

Antes fueron la patronal campera, la corporación mediática contra la ley de medios, el Poder Judicial contra la reforma judicial aprobada por el Congreso y vetada de hecho por la Corte, los buitres nacionales que alentaron la rendición ante Griesa… Ahora son jueces y los fiscales, que, como dice Mempo Giardinelli, “muchos de ellos, durante años, cincelaron el ya ilevantable descrédito de la Justicia de este país. Autoritarios, nostálgicos de la dictadura, antidemocráticos y ahora golpistas. Farfullan libertad e independencia –dos vocablos sagrados, que ofenden a coro de un periodismo miserable–, pero son golpistas”.

Horacio Verbitsky reseñó el prontuario de los fiscales que convocaron a la marcha del 18F en homenaje a Nisman, con la que pretenden legitimarse ante parte de la sociedad que sigue a ciegas a todo lo que es anti-K, aún cuando se trate de Cecilia Pando. Como muestra: “Es irónico que la marcha de los fiscales callejeros se escude en Nisman: tanto [Raúl] Plee como [Germán] Moldes obstruyeron la investigación de los encubrimientos en la causa AMIA. En septiembre de 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a [Carlos] Corach y Carlos Rückauf, a varios funcionarios del juzgado de [el exjuez Juan José] Galeano y a policías federales y bonaerenses. Memoria Activa apeló, pero el fiscal Patricio Evers consintió esas decisiones”.   

La algarada será aprovechada para insistir en los ataques contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien la corporación mediática quiere lejos. Las operaciones contra la jefa de los fiscales “se iniciaron bastante antes del tratamiento legislativo de la reforma al Código Procesal Penal, pero durante su discusión parlamentaria alcanzaron escenas casi cinematográficas”, recuerda Demetrio Iramain, en un artículo en Infonews. “Insólito: a la actual procuradora la acusan de ‘parcialidad’, ‘politización del Ministerio Público Fiscal’ y ‘falta de independencia política’ los mismos que promueven a Elisa Carrió para el mismo cargo, en un eventual gobierno de Mauricio Macri. ¿Acaso la precandidata a presidenta de la Nación de un partido de oposición, claramente vinculado a un ideario de derechas, puede ser garantía de ‘independencia política’, ‘imparcialidad’ y ‘despolitización del MPF’?”, se pregunta el autor. 

El leviatán que se despertó por estas horas, bajo el nombre de Justicia, no cejará en su objetivo de hacer estallar la institucionalidad del país. La marcha del 18F será la punta de lanza de una embestida sin parangón de todas las que debió sortear Cristina Fernández en siete años de gobierno. El 54% de los votos que tuvo la presidenta al conseguir su reelección en 2011 es solo un número para quienes sueñan con verla esposada. Juegan con la desinformación para alimentar una ilusión. Pero lo más peligroso es que juegan con fuego.