La mala prensa del delito

▪ La Argentina está entre los tres países de América Latina con las tasas más bajas de homicidios dolosos: 5,5 por cada 100.000 habitantes. El dato contrasta con lo que muestran los medios, que machacan con episodios de violencia urbana para instalar la idea de que ya nadie puede andar por la calle. En la región, un periodismo cada vez más vacuo estigmatiza a los fumadores de marihuana y arrebatadores como factores cruciales de la inseguridad.     

Data.Chaco  
Informe 

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La Argentina se encuentra entre los tres países de América Latina con menor tasa de homicidios dolosos (los cometidos con intención), con 5,5 crímenes por cada 100.000 habitantes. El dato, que surge de un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), es un uppercut para la prensa hegemónica del país, que presenta la situación argentina en materia de delitos como si fuera la peor del mundo.

Según la Onudc, la suma total de muertes por homicidios en el planeta fue en 2012 de 437.000, de los cuales el 36 por ciento, 157.000, ocurrieron en América, la región más violenta. Sin embargo, dentro de esa zona de crisis, Argentina ocupa un lugar muy por debajo e incluso semejante a los niveles europeos, que coinciden con la región de índices más bajos después de Oceanía.

Honduras, Venezuela, Belice, El Salvador y Guatemala ocupan los primeros puestos en la lista mundial. Honduras tiene una tasa de 90,4 homicidios por cada 100.000 habitantes; Venezuela, 53,7 de la misma tasa; Belice, 44,7; El Salvador, 41,2 y Guatemala, 39,9.

El país con menor tasa en Latinoamérica es Chile, con 3,1, y le sigue Cuba, con 4,2. En el tercer lugar está la Argentina, que se ubica por debajo de la tasa promedio global de homicidios, que es de 6,2 por cada 100.000 habitantes.

Brasil y México tienen una tasa de 25,2 y 21,5, respectivamente.

Las cifras de Naciones Unidas se publican justo cuando en la Argentina el caso del linchamiento del joven David Moreira en Rosario, golpeado por un grupo por haberle robado a una mujer, desató un debate sobre la supuesta indefensión de los “vecinos” ante los “ladrones” (ver editorial), y dejan ver con claridad que este no el país más inseguro del planeta, como presentan los medios de comunicación del establishment argentino, que machacan hasta el hartazgo con episodios de violencia urbana para instalar la idea de que ya nadie puede salir tranquilo a la calle.

De hecho, el diario La Nación, en su edición de hoy, omite ex profeso la posición de la Argentina en el ranquin mundial y titula El peor récord: América latina es la región con más asesinatos. 

El diario Página/12, en cambio, sí elige destacar el lugar que ocupa el país, con el título Las tasas más bajas de la región.

Nadie que conozca algo de la realidad argentina podría negar la inseguridad como fenómeno que, en los últimos años, marca la vida en las ciudades –en las más pequeñas, inclusive–, con el crecimiento de arrebatos de carteras y el robo de celulares, por parte de jóvenes que se desplazan en motos para cometer el delito, los llamados motochorros, cuyas víctimas, en su mayoría, son mujeres.

En ciudades como Corrientes y Resistencia, centros urbanos que tuvieron en los últimos años un crecimiento poblacional considerable, este tipo de violencia urbana aumentó al ritmo de las posibilidades de comprar bienes, como celulares de última generación, y de tener algo de dinero en la cartera. Es decir, el arrebato del motochorro sería impensable como delito en tiempos de crisis como la de 2001, cuando fueron otros los que se quedaron con los bienes y el dinero de los argentinos.

Siempre en defensa de intereses contrarios a los de gran parte de la ciudadanía, los medios de comunicación apuntan contra un mismo sector: la juventud y los pobres. La pobreza es presentada por la prensa como fábrica de delincuentes y la juventud, como una masa desprovista de valores, a la deriva y sin posibilidades, presa fácil de la droga y el alcohol.

Sin embargo, el periodismo olvida que hay casos de crímenes consumados por chicos que no son pobres y que pertenecen a familias bien reputadas socialmente. Por nombrar un caso que en estos días se reflotó, en Corrientes, los jóvenes Eduardo Braun Billinghurst, Andrés Gallino Yanzi y Horacio Pozo (h) están acusados de matar a Ariel Malvino, de 21 años, en una playa de Brasil. 

Malvino murió el 19 de enero de 2006, luego de haber sido golpeado en la playa de Ferrugem. Testigos que declararon ante la policía brasileña señalaron a Gallino, Pozo y Braun Billinghurst como los responsables de la muerte. 

Malvino estaba tirado en el piso, cuando apareció Eduardo Braun Billinghurst y le arrojó una piedra a la altura de la cintura. Andrés Gallino le daba patadas. Y Horacio Pozo (h) le pegó una trompada en uno de los pómulos. Es lo que contaron Sofía Cardoso y Eleonora Kaiser Contestin, dos jóvenes argentinas que respondieron un cuestionario enviado por la justicia de Brasil, en mayo de 2013, publicó el diario La Nación. 

La causa, que lleva ya ocho años, fue parcialmente reflejada por la prensa correntina, cuidadosa siempre de no meterse demasiado con las familias de doble apellido. Por el contrario, las páginas de Policiales de los diarios reflejan todos los días “el saldo” –como les gusta llamar a los periodistas– de redadas que llevan hasta la comisaría a chicos por haber estado fumando un porro. Lo hacen pese a que en la Argentina, según lo estableció la Corte Suprema de Justicia en 2009, la tenencia de marihuana para consumo personal está despenalizada. El máximo tribunal del país resolvió, en el llamado caso Arriola, que la posesión de pequeñas cantidades de estupefacientes, que sean para uso individual y no representen riesgos para terceros, no tendrá carácter de delito. Sin embargo, hay jueces y policías–y también periodistas– que parecen desconocer ese fallo.

Por otro lado, al concentrarse tanto en episodios como los arrebatos o en la persecución a fumadores de marihuana, los medios soslayan otros factores cruciales de la inseguridad, por ejemplo, el tránsito, cuyo descontrol en los centros urbanos se cobra muchas vidas. El juez de la Corte Eugenio Zaffaroni ubica al hecho de cruzar la calle entre las causas de muerte más frecuentes en el país, seguido de la violencia en el seno de las familias o de las parejas.

Zaffaroni insiste desde hace años en que los índices de homicidios en la Argentina son más bajos que los de Nueva York, donde el exalcalde Rudolph Giuliani, admirado por el candidato a presidente del establishment, Sergio Massa, se hizo famoso por su “tolerancia cero” en una de las ciudades más inseguras del mundo.

A fines de 2012, el mismo año de los datos del informe de la Onudc, el juez divulgó cifras que derrumban mitos. Sobre el móvil de homicidios registrados, un 48% corresponde a motivos vinculados con riñas, ajuste de cuenta o venganza, y un 15% responde a violencia familiar. El robo y la legítima defensa representan el 10% de los hechos.

En esa línea, el informe de la Onudc revela que el 47 por ciento de las mujeres víctimas de homicidios intencionales a nivel global en 2012 fueron asesinadas por sus parejas o familiares, mientras que solo el 6 por ciento de los hombres murieron a manos de personas con vínculos semejantes.

“Hay una tendencia de género hacia las víctimas masculinas en homicidios vinculados con la delincuencia organizada y las pandillas, pero el homicidio interpersonal cometido por un compañero íntimo o un familiar (...) afecta a las mujeres de manera desproporcionada”, asegura el informe.

“El hogar puede ser el lugar más peligroso para una mujer. Es particularmente desgarrador cuando aquellos que deberían estar protegiendo a sus seres queridos son las mismas personas responsables de su asesinato”, señaló Jean-Luc Lemahieu, director de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la Onudc en el lanzamiento del informe, en Londres.

Si seguimos condicionados por la estigmatización o por el sesgo deliberado de los medios de comunicación, es probable que entendamos poco el fenómeno de la inseguridad y, en consecuencia, no hallemos las soluciones debidas.

Uno de los últimos ensayos para terminar con el delito fue impulsado por el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y aprobado por el Congreso, en 2004. Los resultados están a la vista.