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El Pelafustán

9.11.13

Antes y después de la ley de medios


Morales Solá y Magdalena, ante la CIDH. | oas.org.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual simboliza una ruptura. Tres hechos ocurridos a poco del fallo de la Corte que declaró constitucional la norma resumen las prácticas de una prensa "prehistórica"Instaurar nuevos paradigmas y retomar algunos principios del periodismo hechos añicos por los intereses mercantilistas son los desafíos. Les espera a los legítimos actores de estos renovados tiempos la tarea de empezar a escribir la "historia"

Data.Chaco 
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Al agradecer uno de los premios ETER a Radio Nacional, María Seoane, la directora de esa emisora, dijo que el 29 de octubre de este año, día en que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la ley de medios, marca la línea que separa la prehistoria de la historia del periodismo y la información en la Argentina.
La referencia a los dos períodos de la humanidad (la prehistoria como el anterior a todo documento escrito) viene bien para entender la ruptura que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a partir de la cual deben instaurarse nuevos paradigmas y retomar algunos principios del periodismo hechos añicos por los intereses mercantilistas en el manejo de un bien público como es la información.
Parte de eso que puede empezar a llamarse prehistoria según Seoane puede resumirse en los siguientes tres hechos ocurridos después de conocerse el dictamen de la Corte:
  1.  El periodista Alfredo Leuco (radio Continental y Perfil) rechazó la nominación para integrar la terna de mejor columnista político, junto con Nora Veiras (Radio Nacional) y Romina Manguel (Vorterix), de los premios a la radio de ETER, cuya entrega se realizó el miércoles 6, en el teatro Cervantes. Si bien no se sabe cuáles fueron las razones de la autoexclusión, lo cierto es que Leuco nada tiene que hacer entre los profesionales que, en su gran mayoría, se mantienen en una línea crítica aunque no rabiosa con el gobierno de Cristina Fernández, pueden marcar con coherencia lo que les gusta y lo que no de la gestión K sin ponerse furibundos y, en especial, se despegaron de prédicas corporativas claramente destituyentes y defendieron la ley de medios pese a Clarín. En síntesis, no solo pudieron preservar coherencia sino también dignidad. Leuco está bien en la vereda de enfrente. Para colmo, justo por esas horas, fue asaltado y, como era de esperar, sugirió en su columna del diario Perfil que no se trató de un hecho de inseguridad sino de una represalia del Gobierno, entre otras cosas, por haber integrado del elenco de periodistas que añoran el fin del kirchnerismo que estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, junto con Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá. 
  2. El director de Perfil, Jorge Fontevecchia, le hizo decir al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, algo que este nunca dijo: que se había reunido y hablado largamente con el secretario Carlos Zannini por la ley de medios. La mentira, publicada en el diario Perfil el domingo 3 de noviembre, repercutió al otro día en las tapas de los principales diarios, entre ellos La Nación, que le creyó ciegamente a Fontevecchia y tituló: “Admitió Lorenzetti que mantuvo diálogos con el Gobierno antes del fallo”. Gran parte de la oposición, que también les creyó a Fontevecchia y a La Nación, Clarín y otros diarios, se unió en coro a las diatribas de la diputada Elisa Carrió contra el presidente del tribunal. El “malentendido” de Fontevecchia, como él mismo calificó la mentira en su rectificación, pone en evidencia la falta de escrúpulos de una prensa cuyos procedimientos rayan en la mala praxis.
  3. Horas antes de lo de Leuco, Ruiz Guiñazú salió a despotricar contra el Gobierno por una notificación que le había mandado la AFIP a su domicilio fiscal. La periodista vinculó el trámite impositivo con un apriete gubernamental por sus denuncias en la CIDH, el 1 de noviembre, las que, a todas las luces, resultaron un papelón internacional. Lo de Magdalena ante la OEA fue una catarsis de su indignación por el juicio ético que le había realizado Madres de Plaza de Mayo, acusada de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía durante la dictadura. Ese juicio “no fue desautorizado” por el Gobierno nacional y fue “ampliamente” difundido por la televisión estatal, a través del programa 6, 7, 8, el que “pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos”, denunció Ruiz Guiñazú, con lo que dejó demostrado que una desautorización del Gobierno al juicio y censurar a 6, 7, 8 le hubieran alcanzado como redención. Lo de Morales Solá fue más lábil: se quejó de los insultos que recibe en la calle, como si el organismo interamericano pudiera actuar para controlar la opinión. “La lucha política” del Gobierno argentino consiste en “eliminar” al periodismo, dijo, aunque, inmediatamente, planteó: “Ustedes preguntarán si los periodistas podemos escribir y decir lo que pensamos en la Argentina, la respuesta es que sí. La siguiente pregunta es si trabajamos tranquilos, la respuesta es que no”. La amenaza de “eliminación” degradó en segundos en “intranquilidad”.
En síntesis, estos tres hechos son  representativos de lo que Seoane llama la prehistoria del periodismo y la información en la Argentina, período caracterizado por una prensa que reclama para sí derechos que no le son exclusivos, desinforma en el afán de preservar privilegios y posiciones de poder, extorsiona para reafirmar su condición de grupo de presión, manipula y miente con el objetivo de desgastar gobiernos populares y desprestigiar a las instituciones que ponen bajo amenaza sus intereses, y convierte en referentes éticos a periodistas que son en rigor secuaces.
Con la ley de medios en plena vigencia y su aplicación en marcha, les espera a los legítimos actores de este proceso empezar a escribir la historia. Y al periodismo, en particular, retomar como bandera el principio elemental de respeto de todos los derechos, incluido el de la información, y no caer en el clamor exagerado, cuando no pueril y veleidoso, de reivindicaciones personales o corporativas. El pleno ejercicio de la libertad de expresión, vale aclararlo, es indispensable para los periodistas y los medios de comunicación, pero no es privativo de ellos.

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