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5.5.17

El golpe







Sebastián Angresano | Revista Anfibia

La Corte marcó la línea con la que se terminó de perfilar el gobierno de Maurice Macri.   

Datapuntochaco | ANÁLISIS

La sospecha de que todo efectivamente iba a cambiar en materia de derechos humanos flotaba en el aire desde el mismísimo 10 de diciembre de 2015, cuando Maurice Macri asumió la Presidencia. Sin embargo, nadie esperaba que fuera de la forma en que se dio. Tres ministros de la Corte Suprema –dos de ellos nombrados por el ingeniero– dieron el golpe artero al declarar aplicable el régimen de 2 x 1 para un represor condenado, Luis Muiña, y equipar de ese modo los delitos de lesa humanidad con los delitos comunes.
A partir del fallo, 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2 x 1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto, según publicó Página 12.
La sensación de que el fallo de la Corte, votado por la mayoría integrada por Helena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, marcaba una vuelta a los tiempos previos a 2003 se apoderó de una gran mayoría de argentinos.
Festejaron los sectores ligados a los militares, el establishment periodístico de los grandes medios de comunicación; el llamado núcleo duro de Cambiemos, incluida la derechizada UCR, y nostálgicos de la dictadura cívico-militar-eclesiástica que hay por doquier.
La Corte terminó de dibujar el perfil del gobierno de Macri: concentración de la riqueza, salarios bajos, desindustrialización, especulación financiera, criminalización de la protesta social y amnistía para los genocidas.
Mientras Milagro Sala sigue presa por decisión del gobernador jujeño, Gerardo Morales, y de Macri, los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda, por nombrar cinco emblemáticos de la ESMA condenados en 2011, están en condiciones de beneficiarse con el fallo de la Corte.
“Es el acuerdo al que llegaron la Corte Suprema, el Gobierno y los genocidas: que se hagan juicios con ellos en sus casas”, denunció Guadalupe Godoy, abogada de Jorge Julio López, desaparecido en 2006 tras declarar contra Miguel Etchecolatz, beneficiado recientemente con la prisión domiciliaria. 
Según publica la revista Anfibia, Godoy tiene elementos para sostener lo que dice. Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, el Gobierno convirtió a los grupos de defensa de los represores en interlocutores dignos de reconocimiento estatal y debilitó programas que contribuían a los juicios.
El año pasado, la red de abogados que intervienen en los juicios de lesa humanidad denunciaron que estos estaban en emergencia. Entre otros factores, denunciaron que se debilitó el Programa Verdad y Justicia, creado en la órbita del Ministerio de Justicia después de la desaparición de López y que fue traspasado a la Secretaría de Derechos Humanos.
El ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, autorizó que los represores condenados o en prisión preventiva vuelvan a atenderse a los hospitales militares, beneficio que había sido cancelado en 2013 después de la fuga de dos condenados del Hospital Militar Central.
El 1 de diciembre, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco, dispuso el traslado de más de 50 represores a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que funcionó como un campo de concentración durante la dictadura y como una maternidad clandestina.
La ministra de Seguridad, la multipartidaria Patrick Bullrich, borró la Dirección de Derechos Humanos del organigrama de su cartera y desmontó el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD), creado en 2011 por pedido de los jueces federales para buscar información que pudiera acelerar los tiempos en las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
A nivel judicial, la Cámara de Casación funcionó como un cuello de botella en los últimos tiempos. En junio del año pasado, el máximo tribunal penal del país anuló una condena por la ejecución de 14 militantes del PRT-ERP en Capilla del Monte de Rosario, Catamarca, en 1974. Para los casadores, los militantes no habían sido fusilados, sino que cayeron en un “enfrentamiento”. Casación también anuló un juicio en Santiago del Estero en octubre del año pasado.
Ante este clima de época, las organizaciones de derechos humanos activaron medidas para repudiar la decisión de la Corte. En principio, hay una convocatoria para el miércoles 10, a la Plaza de Mayo. La agrupación HIJOS no descarta volver a los escraches. Como en los 90. 

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