Agitar las aguas

Saqueo en un supermercado en Bariloche. | AFP 

■ Los recientes robos en supermercados fueron la chispa que terminó de encender un ambiente que ya venía caliente. La agitación se inició con el cacerolazo del 8-N y siguió con el paro nacional del 20-N y la movilización del 19-D. En el medio, las maniobras de Clarín contra la ley de medios. Por su gravedad, los saqueos debían estar en primera plana. Sin embargo, hay manifestaciones de real malestar social que no se difunden. Ocurre en Corrientes con las protestas por los cortes de luz. El gobernador Colombi, como Macri, culpa de todos los males al Gobierno nacional.   

Por Data.Chaco
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Es este un fin de año particular en la Argentina. Sin analizar aún los porqués, los saqueos a supermercados en varias ciudades del país fueron la chispa que terminó de encender un ambiente que ya venía caliente por fenómenos naturales extraordinarios, como las fuertes lluvias y el intenso calor que impactaron con fuerza en la vida de millones de argentinos (inundaciones en la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, y prolongados cortes de luz en el NEA), y una campaña de desgaste impulsada por la oposición, en ese bloque extravagante que reúne al cineasta de la resistencia, Pino Solanas, con el epítome de la derecha duhaldista, Jerónimo Venegas, con la enfermera trotskista Vilma Ripoll, como escribió Horacio Verbitsky en Página 12 (ver en Más).

La agitación de las aguas comenzó hace más de un mes. El cacerolazo del 8-N contra el supuesto “régimen opresor” kirchnerista; el paro nacional del 20-N, orquestado por el sindicalismo opositor contra el impuesto a los salarios altos, y la reciente movilización a Plaza de Mayo el 19 de diciembre, convocada nuevamente por Moyano-Micheli, contra ya nadie sabe bien qué; más las asonadas mediático-judiciales del Grupo Clarín y compañía, en su intento de conservar su poder más allá de las leyes, no podían terminar en otra cosa que en un estallido, que, si bien no tiene el alcance ni las motivaciones de los ocurridos en otras épocas, sirven para crear intranquilidad y confusión.  

En forma más o menos explícita, casi todos coinciden en que los saqueos fueron organizados. No se trató esta vez de intentos desesperados de ciertos sectores por hacerse de comida a como dé lugar, como en 2001. Aunque no nos interesa aquí analizar los hechos a partir del dato cierto de que de los comercios se llevaron en gran medida LCD y no comida, todo parece indicar que el objetivo fue instalar una sensación de caos social justo en las vísperas de las fiestas de fin de año.

La prensa opositora, con Clarín a la cabeza, aprovechó los actos de vandalismo para hacerse un festín y reinstalar la idea de que todo lo malo que pasa en la calle es culpa de la Presidenta. Poco original, Joaquín Morales Solá, en La Nación, atribuye la “violencia social” al “discurso del resentimiento y la política de la confrontación” del gobierno nacional y popular. 

Por su gravedad, sus derivaciones (dos muertos y casi 400 detenidos) y sus implicancias en términos de responsabilidades políticas, los saqueos no podían no estar en primera plana. Sin embargo, se sabe que los dos diarios más influyentes del país ofrecen una especie de protección grotesca al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Clarín y La Nación titularon en tapa hace unos días con el pedido de “disculpas” de Macri por el aumento del ABL, que en algunos casos llega al 100%. Imaginamos qué habrían dicho estos dos diarios si el aumento hubiera sido decidido en la Casa Rosada.

Por estas tierras, en Corrientes, ocurre algo similar con el gobierno de Ricardo Colombi.  Después del fuerte temporal del jueves 29 de noviembre, el malestar por los cortes de luz en la provincia fue en aumento. La Dirección Provincial de Energía (DPEC) sigue sin subsanar daños que dejó aquella tormenta y tampoco los provocados por el intenso calor, que hace estallar literalmente los transformadores.

Hay barrios en la capital correntina que pasan días enteros sin luz, en una ciudad que soporta en esta época del año sensaciones térmicas cercanas a los 45°. Hay vecinos que pierden electrodomésticos por los golpes de tensión, sin que nadie les reconozca el perjuicio. Miles de correntinos van a trabajar sin dormir debido a la falta de luz en sus viviendas. A eso debe agregarse que, sin electricidad, tampoco hay agua potable.

En algunos barrios, incluso en los céntricos, como el exclusivo Cambá Cuá, la gente corta las calles. Son piquetes que se levantan contra la desidia, la inoperancia y la impericia de un gobierno que, al igual que el de Macri, atribuye todos los males al Gobierno nacional.

Jamás se le escuchó hablar a Colombi de los problemas estructurales en la red de energía provincial, la obsolescencia de los equipos, las deficiencias de la empresa estatal, la corruptela que anida en ella y los negociados con privados. Pese a que ya lleva casi 12 años en el poder, alternando con su primo, Arturo Colombi, el gobernador solo atinó a responder, hace unos días, que con 44 grados de temperatura no hay sistema que aguante.

Es cierto que el robo de electricidad en Corrientes es más común de lo que se cree. En 2010, cuando se produjo un colapso que dejó a la provincia al borde del apagón total, la DPEC descubrió irregularidades en un barrio de clase media alta. Y hay negocios céntricos con conexiones clandestinas. Estafar al Estado es el pasatiempo preferido de todos los sectores sociales de Corrientes, incluidos los acomodados.

En la prensa correntina poco y nada se refleja de todo lo que ocurre con los apagones en los barrios capitalinos y en localidades del interior, donde sus pobladores salen a cortar rutas, cansados de no tener respuestas. Es un drama con consecuencias cada vez más graves: las pérdidas no se dan solo en el comercio; hay perjuicios también en los hospitales, por ejemplo.

Si bien el malestar reinante en Corrientes por los cortes de luz está lejos de parecerse al clima de violencia montado en las últimas horas en varias ciudades argentinas, el hartazgo que se genera cuando no se brindan los servicios básicos es una bomba de tiempo. Y lo es, por sobre todo, cuando quienes deben solucionar problemas de infraestructura prefieren destinar recursos del Estado a actividades y sectores que no son por ahora prioritarios. O, lo que es peor, prefieren con los dineros públicos atender ambiciones personales.