El caso Bonelli y la ética de los periodistas

Medios y entidades periodísticas hicieron público su rechazo a cualquier posible normativa que regule la profesión o que promueva la constitución de tribunales de ética, tras la denuncia que hizo la Presidenta sobre pagos por publicidad encubierta por parte de la empresa Repsol. El tema es controversial; sin embargo, la mayor parte de esos pronunciamientos contrarios a la sugerencia presidencial responde a la necesidad de los medios y algunos periodistas de mantener sus negocios con el Estado y empresas privadas, en perjuicio del derecho de la información que ellos mismos dicen defender a capa y espada.

Por Data.Chaco. El planteo formulado recientemente por la presidenta Cristina Fernández sobre la necesidad de una ley de ética pública para periodistas desató, como era de prever, encendidas reacciones. Medios y entidades del sector hicieron público su rechazo a cualquier posible normativa que regule la profesión o que promueva la constitución de tribunales de ética, con el argumento de que se pondría así bajo amenaza la tan mentada libertad de expresión. El tema es controversial; sin embargo, hay que decir que gran parte de esos pronunciamientos contrarios a la sugerencia presidencial responde a la necesidad de los medios y algunos periodistas de preservar negocios con el Estado y empresas privadas, en perjuicio del derecho de la información que ellos mismos dicen defender a capa y espada.

El caso que denunció la Presidenta del periodista “independiente” Marcelo Bonelli, uno de los artilleros del grupo Clarín, que había cobrado un millón de pesos de la empresa Repsol en cuatro años por publicidad encubierta, no sorprende; sí sorprende que a él le haya dado la cara para defenderse como intentó hacerlo y desviar el asunto al decir que todos sus ingresos “están enblanco y han sido declarados ante la Afip todo estos años”, algo que nadie puso nunca en duda.  

Sin mencionar el caso Bonelli, el diario La Nación opinó en un editorial que la Presidenta “debería comprender que, efectivamente, el periodismo es una actividad no exenta de cometer equivocaciones y que, como en cualquier ámbito laboral, puede haber profesionales pasibles de ser corrompidos o medios dispuestos a ocultar alguna porción de la realidad. Pero esa situación no puede llevar a imaginar que las empresas periodísticas o quienes trabajan en ellas sean sujetos necesariamente perversos, dispuestos a privilegiar determinados intereses particulares sobre el derecho de la población a estar informada”. 

La Nación miente al respecto: hay medios y periodistas que privilegian intereses particulares sobre el derecho de la población a estar informada. Y esos periodistas no son unos pocos pasibles de ser corrompidos: hay todo un entramado que involucra a gobiernos y medios, por el cual, con dinero público, empresarios y periodistas “consagrados” facturan altas cifras, mientras la mayoría de los trabajadores de prensa están obligados a subsistir en condiciones laborales paupérrimas, que van desde los bajos salarios al maltrato.

Un ejemplo actual en la región es lo que ocurre en Radio Chaco, de Resistencia, uno de los medios que más publicidad factura y sin embargo ya dejó de emitir varias veces debido a una protesta de sus trabajadores, cansados de que el propietario de la emisora, un conocido dirigente justicialista, no les pague los sueldos.

Lo que hace Bonelli y otros tantos periodistas del establishment no es periodismo; es lobby liso y llano, y operaciones de prensa a favor del grupo empresario para el que trabaja, en este caso Clarín, y otras empresas. Y para ello se factura.

En Chaco y Corrientes ocurre lo mismo, con montos más modestos, si se quiere. Así es común que cualquier dirigente político que busque mantenerse vigente en las páginas de los diarios o contar con algunos minutos de aire en radio y TV pague una especie de cuota con ese fin. Claro que si el interesado se ve involucrado en alguna cuestión non sancta o algún ilícito, el acuerdo económico incluye omisión absoluta del caso.

Ya lo dijimos otras veces aquí. Los medios se financian en gran parte con recursos del Estado –lo que se llama la pauta publicitaria oficial–. Las reglas son claras: dinero a cambio de omitir toda aquella información que al gobierno de turno no le convenga y de la exaltación desmedida de ciertas medidas y decisiones oficiales. En Corrientes, por ejemplo, un nuevo canal de TV bombardea todo el día con noticias del Gobierno, en programas de formato periodístico de tan baja calidad que llegan al bochorno.

Lo perverso es que la mayoría de los periodistas protagonistas de esta perdularia maquinaria gozan de cierto “prestigio”, tienen ganada cierta fama, pese a que son conocidos también sus chanchullos. Se ha conformado así una corporación de periodistas distraídos respecto de todo lo que tiene que ver con lo ético, flexibles en sus posicionamientos, descomprometidos ideológicamente y profundamente venales. Son ellos los convocados siempre por los empresarios, porque saben que su condición de sobornables los convierte en piezas necesarias para la preservación del sistema, alejado de todo principio ético y también al margen de todo encuadre legal.

Al pronunciarse sobre el planteo presidencial, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) destaca su Código de Ética, que, según dice, es “de cumplimiento obligatorio para todos los miembros (…) a partir del convencimiento de que esos principios son fundamentales para el correcto ejercicio de nuestra labor al servicio de la sociedad”. 

“Apostamos a la autorregulación de los periodistas (y de las empresas periodísticas en las cuales trabajamos, que no es lo mismo ni deben tener obligatoriamente los mismos objetivos), sin crear tribunales de ética”, sentencia Fopea y alienta a que todos los medios de comunicación elaboren sus propios Códigos de Ética. Ahora bien, ¿cuántos de los socios de Fopea cumplen estrictamente el Código de la organización?

Por todo ello, no se puede abordar la cuestión ética en el periodismo sin antes realizar un acto de sinceramiento respecto de cómo se trabaja en la profesión, las condiciones en las empresas periodísticas y la actuación de los propietarios de medios, su relación con el poder y la impunidad de la que gozan para violar las leyes laborales y previsionales. 

El periodismo, como todas las profesiones, debe regirse por principios éticos, sobre todo por el alto grado de responsabilidad que tienen los medios en la tarea de informar a la sociedad. La discusión se centra en si ello debe darse por ley o debe ser, como dice Fopea, “docencia de forma paciente y permanente para que los periodistas en su función, así como los médicos, los abogados o los políticos en la suya, apliquen los principios adecuados a su respectiva labor”. La discusión está abierta.