De la indignación a la indignidad

Los riesgos de ejercer el periodismo están hoy más vinculados a las pésimas condiciones laborales en las empresas y al desamparo salarial y previsional que a la violencia física o intimidatoria de la que suelen ser blanco los periodistas. En su mayoría, los empresarios de medios de comunicación no tienen empacho en someter a sus empleados a situaciones de ignominia, mientras ellos, desde sus editoriales, se presentan como fiscales del poder. Reparar los daños se hace cada vez más difícil. No ayudan el facilismo que permiten las nuevas tecnologías, la deficiente formación académica, la falta de conciencia sobre derechos consagrados y de una representación sindical realmente comprometida, ni la insaciable rapacidad patronal.

Por Data.Chaco. Un informe del suplemento Enfoques del diario La Nación revela que en 2011 hubo 122 ataques a la prensa en todo el país, un 10 por ciento más que durante el año anterior, y que del total de las agresiones, el 66 por ciento se dio en ciudades y pueblos del interior del país. Pueblo chico, infierno de periodistas, publicado el 27 de mayo pasado, fue elaborado con datos de la última edición del Monitoreo de la Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), y señala que “la tarea de investigar al poder local se ha convertido en una tarea de alto riesgo” y, pese a que los números y la realidad indican otra cosa, acusa al sector político de ser el “peor enemigo” de los periodistas en las ciudades chicas.
No es intención de esta columna desacreditar los datos del informe de La Nación y de Fopea acerca de los ataques ni poner en duda la existencia de estos hechos; sin embargo, debe decirse también que los riesgos de ejercer el periodismo en estos tiempos y en estas tierras del interior están más vinculados a las pésimas condiciones laborales en las empresas y al desamparo salarial y previsional en que la mayoría de los periodistas ejercen la actividad.
Si las agresiones no se circunscribieran solo a la violencia física o intimidatoria de la que habla el informe de La Nación, bien podría decirse que los primeros agresores de los periodistas son los empresarios de medios de comunicación que no tienen empacho en someter a sus empleados, mientras ellos, desde sus editoriales, se presentan como fiscales del poder.
Es cierto que cuando se investiga al poder, se corre el riesgo de sufrir represalias, pero no es menos cierto que el trabajo periodístico en estas tierras se limita a reproducir informaciones provenientes del área de información pública, con lo que resulta cada vez menos probable que alguna noticia publicada desate la furia de algún funcionario. Hay excepciones, claro, pero estas tampoco responden al deseo de informar a la comunidad acerca de todo aquello que afecta al bien común y de contribuir, desde ese lugar, al fortalecimiento de las instituciones republicanas y las prácticas democráticas, sino más bien a la defensa de intereses particulares de los empresarios periodísticos.
En esta perversa forma de concebir el papel de los medios de comunicación en la sociedad es clave la publicidad oficial, que, como se sabe, es usada como condicionante de los contenidos y es una forma de ejercer la censura y promover la autocensura. Los gobiernos de Ángel Rozas y de Roy Nikisch, en Chaco (1995-2007), y de Arturo Colombi, en Corrientes (2005-2009), son ejemplos cabales de cómo operó la pauta publicitaria en el sistema de medios de estas dos provincias, con el dispendio de recursos públicos a favor de cualquiera que pusiera una cámara y un micrófono al servicio del Gobierno.
En verdad, lo que reina en el ambiente periodístico es  una gran hipocresía. Casi nadie puede tirar la misma piedra sin que esta termine, como bumerán, dándole en la cara. La mayoría de las veces quienes dirigen los medios reclaman con firmeza la aplicación de las leyes, pero son ellos precisamente los primeros en incumplirlas, amparándose en el poder de extorsión que les brinda poseer un medio de comunicación.
Ocurre que, en el caso de Corrientes, la misma funcionaria que debe inspeccionar las empresas (incluso las periodísticas) y luchar, por ejemplo, contra el trabajo en negro, está más preocupada en cuestionar las políticas del Gobierno nacional. Laura Vischi, subsecretaria de Trabajo provincial, dijo hace unos días que no hay mano de obra disponible porque la gente “no quiere perder la asignación universal por hijo” y que el plan Argentina Trabaja es empleo “en negro encubierto”.
Resulta paradójico que los periodistas, que habitualmente deben denunciar cómo en otros sectores se violan los derechos más básicos, no pueden defenderse de los abusos de sus patrones. Encima, los sindicatos que los representan poco y nada hacen para corregir las situaciones de ignominia que se viven en algunas Redacciones, en parte porque los propios periodistas no están de acuerdo con que exista la representación sindical.
Como las cuestiones de fondo no pueden discutirse, salvo que se quiera perder el empleo, vale para el caso ser el muerto que se asusta del degollado. Así, no son pocos los amanuenses locales que condenan, por mencionar un caso, al programa 6, 7, 8, de Canal 7, por su línea “ultraoficialista” y porque, como suelen decir algunos voceros del establishment periodístico, “lo pagamos todos”. Muchos de estos críticos practican otro tipo de periodismo: el rastrero.
En verdad, la vocinglería que retumba en el ambiente está en sintonía con los preceptos de la corporación periodística argentina, empecinada en llevarse puesto el gobierno de Cristina Fernández, con el falaz argumento de que en el país reina la opresión y el hostigamiento a la prensa. Se recomienda, de paso, leer o escuchar el discurso del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la 42ª asamblea de la OEA, en Cochabamba (Bolivia), en el que describe con impecable apego a la realidad el papel neocolonial de los grandes medios de comunicación de América Latina, entre los que bien pueden incluirse los diarios argentinos Clarín y La Nación.
En verdad, lo que se respira en el ambiente es una gran mediocridad. Una nueva camada de periodistas son egresados de las carreras de Comunicación Social y Periodismo, con formación académica, aun cuando desde el punto de vista técnico las deficiencias son flagrantes porque pocos saben cómo escribir un texto informativo y elaborar un titulado. Esos periodistas “profesionales” se incorporan a las Redacciones como mano de obra barata.
Los sitios web de noticias son un ejemplo de hasta dónde se bastardeó la profesión y cuánto se degradó el arte de escribir. Concebidos como una herramienta para ganar plata fácil mediante la publicidad oficial, los portales son una muestra de que, en nombre del periodismo, se puede perpetrar todo tipo de delitos. El primero, como dice un columnista del blog, es el delito de lesa lengua. Hoy, la buena redacción es un bien demasiado escaso y, para colmo, a los editores periodísticos les da lo mismo una buena prosa que un galimatías. Pero, como reflexiona la periodista Sandra Russo en un artículo sobre los 25 años del diario Página 12, “el cuidado del rigor y la buena sintaxis en cada párrafo de cada nota de cada redactor” no es algo “cosmético, es político”.
Contagiar ese espíritu noble, sensible y riguroso en lo profesional se torna cada vez más difícil. El facilismo que permiten las nuevas tecnologías, la deficiente formación académica, la falta de conciencia sobre derechos consagrados y de una representación sindical realmente comprometida, y la insaciable rapacidad de los empresarios son los factores por los cuales el ejercicio del periodismo, cuyo motor ha sido siempre la indignación, es hoy para muchos una indignidad.