Al servicio de ERSA
▪ El paro de un grupo de choferes de colectivos en Corrientes expuso la inocultable complicidad entre la empresa, el sindicato de la UTA y las autoridades para favorecer al monopolio que controla el transporte de la capital correntina.
La ciudad de Corrientes es el segundo
distrito más pobre del país, según los últimos datos del Indec. Es una capital
de provincia donde casi 4 de cada 10 vive en la pobreza. El jueves, el
correntino medio, resignado al engaño y estafa sistemática de una casta
corrupta, comenzó el día sin poder viajar en colectivo. El motivo: trabajadores
de empresa monopólica ERSA, de uno de los Romero (apellido perteneciente a
aquella casta), se rebelaron no solo contra los patrones sino también contra el
sindicato, la UTA, que en Corrientes es conducido por un senador provincial de
Cambiemos, Rubén Suárez.
El grupo de trabajadores que decidió impedir la salida de los coches esa mañana en Corrientes enfrentó al propio Suárez, cuando el senador por Cambiemos fue a prepotear a los choferes, congregados en los galpones de la empresa, para que desistan de la medida de fuerza y se pongan a trabajar, actuando más como patrón que como representante sindical.
La respuesta fue contundente: hasta que la empresa no pague lo que les debe a los choferes, mejore las condiciones laborales (denuncian que hay cientos de trabajadores en negro) y paguen la escala nacional, no habrá colectivos en la ciudad.
Suárez intentó aplacar el malestar de sus representados con un paro nocturno de cinco horas, como forma de protesta por las deudas salariales de ERSA, que les debe a sus choferes hasta el aguinaldo de junio, según denunció la propia UTA, que no pudo conseguir que la empresa cumpla con sus compromisos en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, un organismo anodino, conducido por Jorge Rivolta, un caricaturesco funcionario que en los conflictos se inclina por favorecer a las patronales y no a los trabajadores.
El grupo de trabajadores que decidió impedir la salida de los coches esa mañana en Corrientes enfrentó al propio Suárez, cuando el senador por Cambiemos fue a prepotear a los choferes, congregados en los galpones de la empresa, para que desistan de la medida de fuerza y se pongan a trabajar, actuando más como patrón que como representante sindical.
La respuesta fue contundente: hasta que la empresa no pague lo que les debe a los choferes, mejore las condiciones laborales (denuncian que hay cientos de trabajadores en negro) y paguen la escala nacional, no habrá colectivos en la ciudad.
Suárez intentó aplacar el malestar de sus representados con un paro nocturno de cinco horas, como forma de protesta por las deudas salariales de ERSA, que les debe a sus choferes hasta el aguinaldo de junio, según denunció la propia UTA, que no pudo conseguir que la empresa cumpla con sus compromisos en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, un organismo anodino, conducido por Jorge Rivolta, un caricaturesco funcionario que en los conflictos se inclina por favorecer a las patronales y no a los trabajadores.
En general, Suárez defiende los intereses
de las empresas concesionarias del transporte y hace lobby para que, a través
del aumento de la tarifa, los choferes puedan tener garantizados sus salarios.
En los últimos meses, la UTA correntina salió a presionar para que el Concejo de la ciudad apruebe un aumento del boleto, que es la pretensión del empresariado, con ERSA a la cabeza. Quieren cobrar 25 pesos el pasaje de colectivo urbano, en una provincia donde el salario promedio apenas supera los 15.000 pesos. Si se llegara a esa tarifa, trasladarse al menos cuatro veces por día significaría 100 pesos de pasaje, y en el mes, unos 2.200 pesos como mínimo, solo para una persona.
La empresa hace lobby en forma descarada. Hace poco ploteó los colectivos con el reclamo de que no eliminen los subsidios al transporte, con los que ERSA fue beneficiada durante años y le permitió convertirse en monopolio en Corrientes y desembarcar en Paraná, Santa Fe, Córdoba, Resistencia y el Gran Buenos Aires.
Un exchofer contó que ERSA no permite que otras listas compitan con el senador provincial en la UTA. Suárez es una pieza clave en el entramado de negociados y grandes ganancias de la empresa de los Romero.
ERSA no tiene controles por parte de la Subsecretaría de Trabajo, y esto se entiende porque en la campaña electoral de 2017, Juan Carlos Romero, el titular de la empresa, hizo grandes aportes económicos para los dos candidatos más fuertes a la Gobernación, el hoy senador nacional Camau Espínola, del PJ, y el actual gobernador, Gustavo Valdés, de Cambiemos.
Tampoco la Municipalidad de la ciudad de Corrientes puede controlarla. La empresa dejó sin colectivos a 100.000 usuarios, pero las autoridades municipales, como poder concedente, no hicieron nada. Por el contrario, pactaron con otra empresa cubrir los recorridos de ERSA, cobrándoles a los usuarios un pasaje de 15 pesos en efectivo (el oficial cuesta 11 pesos, con la SUBE), en lugar de exigir a la firma que preste el servicio como corresponde, ya que si tiene deudas con el personal es un asunto privado y no público.
LA EXPANSIÓN
En los últimos meses, la UTA correntina salió a presionar para que el Concejo de la ciudad apruebe un aumento del boleto, que es la pretensión del empresariado, con ERSA a la cabeza. Quieren cobrar 25 pesos el pasaje de colectivo urbano, en una provincia donde el salario promedio apenas supera los 15.000 pesos. Si se llegara a esa tarifa, trasladarse al menos cuatro veces por día significaría 100 pesos de pasaje, y en el mes, unos 2.200 pesos como mínimo, solo para una persona.
La empresa hace lobby en forma descarada. Hace poco ploteó los colectivos con el reclamo de que no eliminen los subsidios al transporte, con los que ERSA fue beneficiada durante años y le permitió convertirse en monopolio en Corrientes y desembarcar en Paraná, Santa Fe, Córdoba, Resistencia y el Gran Buenos Aires.
Un exchofer contó que ERSA no permite que otras listas compitan con el senador provincial en la UTA. Suárez es una pieza clave en el entramado de negociados y grandes ganancias de la empresa de los Romero.
ERSA no tiene controles por parte de la Subsecretaría de Trabajo, y esto se entiende porque en la campaña electoral de 2017, Juan Carlos Romero, el titular de la empresa, hizo grandes aportes económicos para los dos candidatos más fuertes a la Gobernación, el hoy senador nacional Camau Espínola, del PJ, y el actual gobernador, Gustavo Valdés, de Cambiemos.
Tampoco la Municipalidad de la ciudad de Corrientes puede controlarla. La empresa dejó sin colectivos a 100.000 usuarios, pero las autoridades municipales, como poder concedente, no hicieron nada. Por el contrario, pactaron con otra empresa cubrir los recorridos de ERSA, cobrándoles a los usuarios un pasaje de 15 pesos en efectivo (el oficial cuesta 11 pesos, con la SUBE), en lugar de exigir a la firma que preste el servicio como corresponde, ya que si tiene deudas con el personal es un asunto privado y no público.
LA EXPANSIÓN
La Izquierda Diario publicó un artículo
sobre la Empresa Romero Sociedad Anónima (ERSA), propiedad del zar del
transporte de pasajeros del Litoral, ya que controla el transporte de Córdoba, Corrientes,
Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero.
Además, se convirtió en la empresa oficial
de la distribución del correo perteneciente al Correo Oficial de la República
Argentina. Tiene bajo su propiedad a la empresa Cacciola, dedicada al
transporte fluvial de pasajeros entre Tigre y Carmelo (Uruguay).
Junto a las empresas La Cabaña y Grupo Metropol, conformó un holding que adquirió la firma Encotrans luego de su quiebra, con diez líneas de colectivos que circulan en el oeste del Gran Buenos Aires.
Su descomunal crecimiento impulsó a los dueños de ERSA a intentar adquirir las acciones del Grupo Plaza, el poderoso emporio nacional de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano. Una aspiración que continúa latente.
El último “curro” fue la adjudicación del servicio de cientos de colectivos que debían trasladar a los pasajeros de Buenos Aires a La Plata, mientras se terminaba la electrificación del ferrocarril Roca.
Junto a las empresas La Cabaña y Grupo Metropol, conformó un holding que adquirió la firma Encotrans luego de su quiebra, con diez líneas de colectivos que circulan en el oeste del Gran Buenos Aires.
Su descomunal crecimiento impulsó a los dueños de ERSA a intentar adquirir las acciones del Grupo Plaza, el poderoso emporio nacional de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano. Una aspiración que continúa latente.
El último “curro” fue la adjudicación del servicio de cientos de colectivos que debían trasladar a los pasajeros de Buenos Aires a La Plata, mientras se terminaba la electrificación del ferrocarril Roca.
Este año, ingresó como concesionaria del
servicio interprovincial que conecta las capitales de Corrientes y Chaco, a
través del puente General Belgrano, que cruza el río Paraná.
Por si fuera poco, de ERSA depende LUSA, encargada de realizar el servicio de recolección de residuos en la capital correntina, donde tiene el control del 85% del sistema de transporte público.
PODER DE LOBBY
Por si fuera poco, de ERSA depende LUSA, encargada de realizar el servicio de recolección de residuos en la capital correntina, donde tiene el control del 85% del sistema de transporte público.
PODER DE LOBBY
Juan Carlos Romero es además el presidente
de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap),
entidad que negocia subsidios y tarifas con el Gobierno nacional. Por su
capacidad de lobby como titular de la asociación patronal, consiguió en los
comienzos de la gestión de Mauricio Macri que el ministro de Transporte de la
Nación, Guillermo Dietrich, autorizara un aumento del 37% en los subsidios para
el interior. Traducido a números: 15.000 millones de pesos que se destinan a
subsidiar casi la mitad de la tarifa del transporte público de todas las
localidades, incluida Córdoba capital.
En mayo pasado, el diario Perfil denunció que la Municipalidad de Córdoba entregó 15 millones de pesos en el último mes y medio a ERSA, empresa del transporte urbano de pasajeros y parte del mismo grupo empresario de LUSA, firma a cargo de la recolección hoy en la capital de esa provincia y en carrera para el próximo contrato.
Según esa información, la maniobra encendió la alerta en un sector de la oposición que habla de monopolio del conglomerado conducido por el correntino Juan Carlos Romero.
La Municipalidad cordobesa admitió la asistencia financiera al grupo empresario y justificó en que era una deuda del período enero-noviembre de 2017.
Desde el primer gobierno de Ramón Mestre, el grupo empresario correntino se quedó con el 75% del transporte de la capital mediante ERSA y el 50% del servicio de la recolección a través de LUSA, que hoy opera en la zona norte de la capital cordobesa.
Con todos estos “emprendimientos”, como dice La Izquierda Diario, podría decirse que lo último que le falta a ERSA es plata. Sin embargo, cada vez que el gerente de la empresa en Corrientes, Javier Harfuch, es entrevistado por la emisora de radio vocera de la firma, Radio Dos, se lamenta de que no pueden cubrir los costos y se queja como si viviera a arroz hervido.
En mayo pasado, el diario Perfil denunció que la Municipalidad de Córdoba entregó 15 millones de pesos en el último mes y medio a ERSA, empresa del transporte urbano de pasajeros y parte del mismo grupo empresario de LUSA, firma a cargo de la recolección hoy en la capital de esa provincia y en carrera para el próximo contrato.
Según esa información, la maniobra encendió la alerta en un sector de la oposición que habla de monopolio del conglomerado conducido por el correntino Juan Carlos Romero.
La Municipalidad cordobesa admitió la asistencia financiera al grupo empresario y justificó en que era una deuda del período enero-noviembre de 2017.
Desde el primer gobierno de Ramón Mestre, el grupo empresario correntino se quedó con el 75% del transporte de la capital mediante ERSA y el 50% del servicio de la recolección a través de LUSA, que hoy opera en la zona norte de la capital cordobesa.
Con todos estos “emprendimientos”, como dice La Izquierda Diario, podría decirse que lo último que le falta a ERSA es plata. Sin embargo, cada vez que el gerente de la empresa en Corrientes, Javier Harfuch, es entrevistado por la emisora de radio vocera de la firma, Radio Dos, se lamenta de que no pueden cubrir los costos y se queja como si viviera a arroz hervido.
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