Corrientes, castigada por la pobreza
FOTO: DIARIO NORTE CORRIENTES
▪ La capital correntina es el segundo centro urbano más pobre del país y el primero del NEA, según los últimos datos del Indec. La responsabilidad de tanta miseria recae en una dirigencia política venal y con aires monárquicos, que sigue sumiendo a la provincia en el atraso.
Casi 4 de cada 10 correntinos es pobre. En el primer semestre de 2018, el 36,8% de las personas del conglomerado que conforma la capital de Corrientes vive en la pobreza, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística y Censos (Indec), difundidos el jueves 27 de septiembre.
Si se compara con el mismo período de 2017, la pobreza en Corrientes bajó. Hace
un año, el índice era del 40%. Y bajó también respecto del segundo semestre de
2017, cuando era de 36,9%.
Aun así, la capital correntina es el conglomerado urbano del NEA con más pobres y el segundo del país, después de Santiago del Estero, donde la pobreza alcanza al 44,7% de la población medida por el Indec. En tercer lugar se ubica Concordia, en Entre Ríos, con 34,7%. Esa localidad había llegado al 42% en el primer semestre de 2017.
El Indec ubica bajo el umbral de la pobreza a quienes no tienen “capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”.
Aun así, la capital correntina es el conglomerado urbano del NEA con más pobres y el segundo del país, después de Santiago del Estero, donde la pobreza alcanza al 44,7% de la población medida por el Indec. En tercer lugar se ubica Concordia, en Entre Ríos, con 34,7%. Esa localidad había llegado al 42% en el primer semestre de 2017.
El Indec ubica bajo el umbral de la pobreza a quienes no tienen “capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”.
“Para calcular la
línea de pobreza, es necesario contar con el valor de la canasta básica alimentaria (CBA) y ampliarlo con la
inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte,
educación, salud, etc.), con el fin de obtener el valor de la canasta básica total
(CBT)”, explica el organismo.
El costo de la CBT de agosto fue de $20.868,93 en el Gran Buenos Aires, calculado para una familia tipo de cuatro miembros. El de la CBA, de $8.347,57.
Los indigentes en Corrientes llegan a 4,6%. Este grupo corresponde a quienes no cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, es decir la CBA.
La población medida por el Indec en Corrientes es de 373.037 personas, con lo que 137.317 viven en la pobreza y 17.108, en la indigencia. Si se proyecta la población de la medición a la total de la provincia, más de un tercio de los habitantes de Corrientes vive en la pobreza, esto es más de 360.000.
En el NEA, el segundo distrito con mayor pobreza es el Gran Resistencia (Chaco), con 28,8%; el tercero, Posadas (Misiones), con 28,5%, y el cuarto, Formosa, con 24,9%.
EL EXAMEN DE MACRI
Las cifras ponen en evidencia que la realidad dista mucho de la sesgada interpretación que hacen de ella gobernantes y dirigentes políticos a través de sus habituales monsergas. El presidente Maurice Macri dijo alguna vez que su gestión debía ser evaluada en función de la reducción de la pobreza. El Ingeniero Indolente sabe que tiene un reprobado en esa materia y que va camino a quedarse sin chances de pasar otro examen si se tiene en cuenta que la medición del Indec no alcanza a fotografiar el período más turbulento de la crisis cambiaria que comenzó en abril, con la consecuente devaluación del peso.
En consecuencia, los números de pobreza e indigencia serán peores en el segundo semestre de 2018, aun cuando el gobierno del Ingeniero Indolente haya anunciado un “refuerzo” de la ayuda social de acá a diciembre, como si eso bastara para paliar el enorme daño en los casi 12 millones de personas afectadas por las políticas de la alianza de macristas y radicales que gobierna el país desde 2015, sostenida por la corporación mediática, el Poder Perjudicial y el peronismo resentido y pérfido de Pichetto, Urtubey y Peppo.
En Corrientes, la situación social es crítica. Los salarios de la provincia están entre los más bajos del país, con altos niveles de informalidad y condiciones laborales de semiesclavitud, como resultado de los abusos de una elite político-económica de base terrateniente, acostumbrada a explotar a los trabajadores y a someterlos a situaciones de servidumbre.
El costo de la CBT de agosto fue de $20.868,93 en el Gran Buenos Aires, calculado para una familia tipo de cuatro miembros. El de la CBA, de $8.347,57.
Los indigentes en Corrientes llegan a 4,6%. Este grupo corresponde a quienes no cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, es decir la CBA.
La población medida por el Indec en Corrientes es de 373.037 personas, con lo que 137.317 viven en la pobreza y 17.108, en la indigencia. Si se proyecta la población de la medición a la total de la provincia, más de un tercio de los habitantes de Corrientes vive en la pobreza, esto es más de 360.000.
En el NEA, el segundo distrito con mayor pobreza es el Gran Resistencia (Chaco), con 28,8%; el tercero, Posadas (Misiones), con 28,5%, y el cuarto, Formosa, con 24,9%.
EL EXAMEN DE MACRI
Las cifras ponen en evidencia que la realidad dista mucho de la sesgada interpretación que hacen de ella gobernantes y dirigentes políticos a través de sus habituales monsergas. El presidente Maurice Macri dijo alguna vez que su gestión debía ser evaluada en función de la reducción de la pobreza. El Ingeniero Indolente sabe que tiene un reprobado en esa materia y que va camino a quedarse sin chances de pasar otro examen si se tiene en cuenta que la medición del Indec no alcanza a fotografiar el período más turbulento de la crisis cambiaria que comenzó en abril, con la consecuente devaluación del peso.
En consecuencia, los números de pobreza e indigencia serán peores en el segundo semestre de 2018, aun cuando el gobierno del Ingeniero Indolente haya anunciado un “refuerzo” de la ayuda social de acá a diciembre, como si eso bastara para paliar el enorme daño en los casi 12 millones de personas afectadas por las políticas de la alianza de macristas y radicales que gobierna el país desde 2015, sostenida por la corporación mediática, el Poder Perjudicial y el peronismo resentido y pérfido de Pichetto, Urtubey y Peppo.
LA NACIÓN
En Corrientes, la situación social es crítica. Los salarios de la provincia están entre los más bajos del país, con altos niveles de informalidad y condiciones laborales de semiesclavitud, como resultado de los abusos de una elite político-económica de base terrateniente, acostumbrada a explotar a los trabajadores y a someterlos a situaciones de servidumbre.
En Corrientes hay
unos 80.000 empleados del Estado, que, en su gran mayoría, cobran salarios muy
bajos. Muchos de ellos no son siquiera de planta. Las
gestiones radicales de los Colombi y ahora del filomacrista Gustavo Valdés impusieron
el contrato precario, en flagrante violación de todas las leyes laborales,
mientras dilapidan recursos públicos en asesorías y áreas como la publicidad oficial
en medios de comunicación con el fin de mantener un sistema de propaganda
gubernamental y desterrar para siempre el mínimo intento de práctica
periodística o de informar por fuera de lo que impone el Gobierno a través de
Información Pública.
ITATÍ, DONDE CONVERGEN LA FE Y LA DROGA
No hacen falta las cifras del Indec para dimensionar la pobreza en Corrientes. Es patente en los barrios a pocas cuadras del centro y de las zonas habitadas por la clase alta. En el interior, el panorama es más desolador. Poblaciones enteras empobrecidas, abandonadas por el Estado y condenadas a padecer los embates de la naturaleza y flagelos como la droga.
Itatí, puerta grande de entrada de la marihuana de Paraguay, resume un poco cómo la vulnerabilidad social es carne de cañón para los mercaderes de la droga. Un pueblo empobrecido, sin futuro y atado a la única esperanza de vida, la fe en la Virgen de Itatí, encuentra en el narcotráfico la forma de asegurarse el sustento que el Estado le niega para favorecer a los más poderosos.
Esa conjunción de pobreza y religión, elementos a los que habría que sumar el carnaval y el chamamé, son exaltados por la elite política correntina como el reaseguro de un pueblo manso, resignado y que está convencido de que ser pobre es un destino inevitable y no la determinación de los inescrupulosos del poder político-económico, que se apoderan del Estado para seguir enriqueciéndose.
El radicalismo correntino gobierna la provincia desde 2001, en forma ininterrumpida. En casi 20 años, nada cambió en el andamiaje institucional, al punto que los gobernadores y ministros siguen teniendo el privilegio de vivir en lujosas residencias oficiales, como si fueran miembros de una monarquía. Todo es como a mediados del siglo XIX.
...
La sociedad civil no tiene participación activa en ningún estamento por fuera del Estado y de la partidocracia correntina. En los últimos meses, debido a la profunda crisis social en el país, movimientos y organizaciones barriales emprendieron un plan de lucha que, sin ser contundente, al menos hizo visible en las calles un cierto malestar social. Pero esa incipiente movilización choca de frente con una mayoría social individualista, poco solidaria, políticamente analfabeta y profundamente autoritaria.
El Partido Justicialista, la principal fuerza de oposición, sigue en manos de esa vetusta elite económica, sin que se vislumbre en el corto plazo algún atisbo de renovación ni la defenestración de una dirigencia venal, corrupta y con escasa vocación de poder y nula sensibilidad social. Ni siquiera los más jóvenes pudieron inyectarle algo de renovación al partido, que gobernó la provincia solo cuando Perón estuvo en el poder.
Así, oficialismo y oposición armaron una sociedad que solo sirve para que nada cambie en Corrientes y se sostenga una institucionalidad vertebrada por el poder político, económico, eclesiástico y judicial. La Justicia, como es de suponer, es solo un apéndice del Ejecutivo y actúa con una inmutable consonancia. Los gobernantes y funcionarios con causas judiciales –algunas de ellas, gravísimas– gozan de la protección del propio sistema y del silencio rentado de la prensa.
Si en Corrientes existieran magistrados que se animaran a investigar al poder político, como ocurrió en Chaco con las causas que llevaron a la cárcel a funcionarios de Peppo e involucró a la máxima referente de Cambiemos en la provincia, Aída Ayala –en libertad aún gracias a los fueros parlamentarios–, no bastarían las celdas para alojar a todos los que se amparan en el Estado para cometer ilícitos.
ITATÍ, DONDE CONVERGEN LA FE Y LA DROGA
No hacen falta las cifras del Indec para dimensionar la pobreza en Corrientes. Es patente en los barrios a pocas cuadras del centro y de las zonas habitadas por la clase alta. En el interior, el panorama es más desolador. Poblaciones enteras empobrecidas, abandonadas por el Estado y condenadas a padecer los embates de la naturaleza y flagelos como la droga.
Itatí, puerta grande de entrada de la marihuana de Paraguay, resume un poco cómo la vulnerabilidad social es carne de cañón para los mercaderes de la droga. Un pueblo empobrecido, sin futuro y atado a la única esperanza de vida, la fe en la Virgen de Itatí, encuentra en el narcotráfico la forma de asegurarse el sustento que el Estado le niega para favorecer a los más poderosos.
Esa conjunción de pobreza y religión, elementos a los que habría que sumar el carnaval y el chamamé, son exaltados por la elite política correntina como el reaseguro de un pueblo manso, resignado y que está convencido de que ser pobre es un destino inevitable y no la determinación de los inescrupulosos del poder político-económico, que se apoderan del Estado para seguir enriqueciéndose.
El radicalismo correntino gobierna la provincia desde 2001, en forma ininterrumpida. En casi 20 años, nada cambió en el andamiaje institucional, al punto que los gobernadores y ministros siguen teniendo el privilegio de vivir en lujosas residencias oficiales, como si fueran miembros de una monarquía. Todo es como a mediados del siglo XIX.
...
La sociedad civil no tiene participación activa en ningún estamento por fuera del Estado y de la partidocracia correntina. En los últimos meses, debido a la profunda crisis social en el país, movimientos y organizaciones barriales emprendieron un plan de lucha que, sin ser contundente, al menos hizo visible en las calles un cierto malestar social. Pero esa incipiente movilización choca de frente con una mayoría social individualista, poco solidaria, políticamente analfabeta y profundamente autoritaria.
El Partido Justicialista, la principal fuerza de oposición, sigue en manos de esa vetusta elite económica, sin que se vislumbre en el corto plazo algún atisbo de renovación ni la defenestración de una dirigencia venal, corrupta y con escasa vocación de poder y nula sensibilidad social. Ni siquiera los más jóvenes pudieron inyectarle algo de renovación al partido, que gobernó la provincia solo cuando Perón estuvo en el poder.
Así, oficialismo y oposición armaron una sociedad que solo sirve para que nada cambie en Corrientes y se sostenga una institucionalidad vertebrada por el poder político, económico, eclesiástico y judicial. La Justicia, como es de suponer, es solo un apéndice del Ejecutivo y actúa con una inmutable consonancia. Los gobernantes y funcionarios con causas judiciales –algunas de ellas, gravísimas– gozan de la protección del propio sistema y del silencio rentado de la prensa.
Si en Corrientes existieran magistrados que se animaran a investigar al poder político, como ocurrió en Chaco con las causas que llevaron a la cárcel a funcionarios de Peppo e involucró a la máxima referente de Cambiemos en la provincia, Aída Ayala –en libertad aún gracias a los fueros parlamentarios–, no bastarían las celdas para alojar a todos los que se amparan en el Estado para cometer ilícitos.
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